¡¡¡ALERTA!!! El SME ha denunciado grupos de saboteadores con credenciales de LyFC que ha formado el gobierno, los cuales atacarán subestaciones con el objetivo de afectar a usuarios de la luz y echarle la culpa al SME, no se dejen engañar! ¡¡APOYO TOTAL AL SME!!
viernes 5 de febrero de 2010
SME BOLETÍN DE PRENSA URGENTE. RELATIVO A LAS RECIENTES INUNDACIONES.
BOLETÍN DE PRENSA URGENTE
Una vez más las fuerzas naturales y la impericia técnico-operativa de las empresas contratadas por Comisión Federal de Electricidad, mejor conocida en el mundo como la “empresa de calidad mundial” han hecho de las suyas.
Al día de hoy, ya se encuentran más de 94 colonias sin energía eléctrica y más 20 mil ciudadanos damnificados por el desbordamiento de varios ríos que atraviesan la zona de atención de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), según reportes conservadores de diversos medios de comunicación. Sin que hasta el momento las autoridades de la CFE, tengan a bien darles la cara y una explicación convincente a los usuarios del servicio público de energía eléctrica en el Área de Control Central (ACC).
Cuando la CFE lo haga, no faltarán quienes responsabilicen al dios Tlaloc de tales acontecimientos, y hasta quienes exijan, el correspondiente decreto para la extinción de ese dios precolombino.
Pero la realidad, es que estamos asistiendo al espectáculo deprimente de la total incapacidad de los funcionarios federales que pisotearon la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al decretar la extinción de LyFC y el despido de sus 44 mil novecientos trabajadores. Al mismo tiempo, se revela la completa incapacidad de las empresas contratadas por CFE para enfrentar desafíos para los que no están, ni estarán preparados.
Estas afectaciones tienen su origen, no sólo en la cantidad inusual de lluvia caída en los últimos días, sino además que, derivado de la falta del fluido eléctrico ha sido imposible abastecer de energía para poder operar las compuertas del sistema de drenaje profundo, para así, permitir el desalojo de importantes cantidades del vital líquido de diversos ríos del Distrito Federal y del Estado de México. La suma de incapacidades e ineficiencias de
funcionarios como Javier Lozano Alarcón y Alfredo Elías Ayub, han provocado el caos citadino y el justificado malestar generalizado, de la población capitalina y mexiquense.
En esta difícil hora para nuestros usuarios, el Sindicato Mexicano de Electricistas reitera su más completa solidaridad para con estos mexicanos víctimas de la negligencia de aquellos funcionarios, a los cuales les estarán llegando iracundos recordatorios familiares, de parte de los cientos de miles de ciudadanos afectados.
Al mismo tiempo, manifestamos nuestra completa disposición para entrar de inmediato a enfrentar y resolver los entuertos de funcionarios y empresas inútiles. Diversas voces ciudadanas han reclamado desde diferentes ópticas, la urgente necesidad de resolver no sólo el asunto legal sino además la cuestión técnico-operativa para garantizar el servicio público de energía eléctrica por parte de Luz y Fuerza del Centro y con los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Urge escuchar esas voces antes de que sea demasiado tarde, la paciencia popular se agota rápidamente.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 4 de febrero de 2010
Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior
viernes, 5 de febrero de 2010
sábado, 16 de enero de 2010
Reforma laboral para cancelar la libertad sindical
Por: Arturo Alcalde Justinian
Publicado en:http://www.jornada.unam.mx/2010/01/16/
El gobierno federal anunció que en febrero próximo se presentará la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. No se ve fácil este intento; sin embargo, de concretarse podría ponerse en práctica la táctica llevada a cabo para modificar las leyes del Seguro Social y del ISSSTE: en unos cuantos días se impusieron los cambios sin dar oportunidad a su discusión en el seno del Congreso y menos aún en la sociedad. De ahí la importancia de conocer y reflexionar sobre los puntos centrales del anteproyecto dado a conocer por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Son muchos los aspectos lesivos en esta propuesta; sin embargo, uno de ellos tiene especial relevancia, ya que de ser aprobado cerraría toda posibilidad al ejercicio de la libertad sindical y la contratación colectiva, de por sí raquíticas en nuestra práctica laboral. Para dimensionar los cambios sugeridos, conviene recordar que una costumbre en nuestro país –por cierto única en el mundo– es que los patrones escogen a los sindicatos con los cuales deciden firmar el contrato colectivo de trabajo inicial. Antes de instalar una empresa –así como se decide el lugar o las características del negocio– consultan con sus abogados cuál deberá ser la central sindical u organización que representará a sus futuros trabajadores. El abogado patronal se convierte así en el proveedor de los contratos colectivos a los que líderes sindicales se someten sin chistar, buscando ser elegidos para la firma de los mismos. En este grotesco proceso plagado de complicidades y de corrupción se origina en buena parte el grado de postración en que se encuentra el mundo sindical mexicano. Así nacen los denominados contratos colectivos de protección patronal que operan en más de 90 por ciento de los centros laborales del país.
Este retorcido proceso tiene dos rendijas o espacios donde se cuelan algunos sindicatos auténticos en condiciones de extrema dificultad. La primera es encontrar un patrón que aún no tenga contrato colectivo firmado y tratar de obtenerlo mediante un emplazamiento de huelga, y la otra consiste en organizarse e intentar cambiar al sindicato impuesto por conducto del llamado juicio de titularidad contractual. En buena medida, los pocos sindicatos auténticos que existen en el país lograron su reconocimiento por cualquiera de esas dos vías de excepción, por ello el sector empresarial se ha dado a la tarea de presionar para cerrarlas, exigiendo que en el proyecto de reforma laboral se cancele el acceso a los emplazamientos de huelga que busquen la firma del pacto colectivo o los intentos de cambios de titularidad. Para esto inventaron los llamados "requisitos de procedibilidad" prácticamente imposibles de cumplir y que, conforme al proyecto de reforma, de no atenderlos ni siquiera se dará trámite a las reclamaciones obreras.
La iniciativa elaborada por la STPS sugiere adicionar la fracción IV al artículo 920 de la ley laboral y crear un apartado en el artículo 899. La primera se refiere a los requisitos que deberán cumplirse para tramitar un emplazamiento de huelga que busque la firma de un contrato colectivo. El segundo también fija nuevos requisitos sin los cuales no se daría curso al cambio de titularidad contractual. Para admitir a trámite las demandas deberán acreditarse previamente los nombres y las firmas de los trabajadores inconformes y sustanciar un procedimiento administrativo ante la autoridad laboral, tendiente a obtener una certificación escrita. Al estar integradas las Juntas de Conciliación y Arbitraje por los representantes del patrón, del líder sindical hegemónico y del gobierno, cumplir con tales exigencias significarían pedirle permiso a los futuros demandados para que sea reconocido el derecho de los trabajadores de elegir al sindicato de su preferencia. Tal absurdo no encuentra antecedente en la doctrina laboral, ni en ningún otro país, por la simple razón de que jamás se dará esa autorización, además de que dar a conocer previamente nombres y firmas de los trabajadores inconformes provocaría, como sucede ya en la práctica, su represión inmediata. Se trata sin duda de una propuesta de reforma contraria a la Constitución y a los convenios internacionales en materia de libertad sindical y de respeto a los derechos humanos.
La propuesta incluye un supuesto adicional para el improbable caso que un sindicato superara los obstáculos descritos. El artículo de nueva creación 899-C señala que, en caso de existir juicio pendiente de titularidad contractual, ningún sindicato podrá actuar hasta que haya transcurrido un año. De ser aprobado este absurdo artículo, los patrones y los líderes a su servicio, al enterarse que los trabajadores se están organizando en su defensa para cambiar de sindicato, podrán fácilmente inventar un juicio haciéndolo durar lo necesario para inhibir las intenciones obreras, y una vez que éste termine, los trabajadores deberán esperar un año más.
El sector empresarial alega que su propuesta está dirigida a evitar los chantajes de sindicatos que emplazan a huelga o reclaman titularidades de contratos sin tener afiliados, exigiendo cantidades de dinero a cambio de de-sistir de sus demandas. Sin duda, hay que impedir estas extorsiones, pero no por la vía de cancelar a todos el ejercicio de los derechos laborales colectivos. Una solución viable es que antes de la firma de cualquier contrato colectivo los trabajadores sean consultados mediante voto secreto si están conformes con el sindicato que pretende representarlos. A esta opción se opone el sector empresarial porque reclama conservar la práctica de ser él quien decida con qué sindicato firmar el contrato colectivo, sin que en estos casos exista consulta alguna a los empleados.
En virtud de que las formas de representación gremial son esenciales en la vida democrática del país, es fundamental incluirlas en la agenda de la reforma del Estado, que será motivo de discusión en el Congreso de la Unión el próximo mes.
Publicado en:http://www.jornada.unam.mx/2010/01/16/
El gobierno federal anunció que en febrero próximo se presentará la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. No se ve fácil este intento; sin embargo, de concretarse podría ponerse en práctica la táctica llevada a cabo para modificar las leyes del Seguro Social y del ISSSTE: en unos cuantos días se impusieron los cambios sin dar oportunidad a su discusión en el seno del Congreso y menos aún en la sociedad. De ahí la importancia de conocer y reflexionar sobre los puntos centrales del anteproyecto dado a conocer por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Son muchos los aspectos lesivos en esta propuesta; sin embargo, uno de ellos tiene especial relevancia, ya que de ser aprobado cerraría toda posibilidad al ejercicio de la libertad sindical y la contratación colectiva, de por sí raquíticas en nuestra práctica laboral. Para dimensionar los cambios sugeridos, conviene recordar que una costumbre en nuestro país –por cierto única en el mundo– es que los patrones escogen a los sindicatos con los cuales deciden firmar el contrato colectivo de trabajo inicial. Antes de instalar una empresa –así como se decide el lugar o las características del negocio– consultan con sus abogados cuál deberá ser la central sindical u organización que representará a sus futuros trabajadores. El abogado patronal se convierte así en el proveedor de los contratos colectivos a los que líderes sindicales se someten sin chistar, buscando ser elegidos para la firma de los mismos. En este grotesco proceso plagado de complicidades y de corrupción se origina en buena parte el grado de postración en que se encuentra el mundo sindical mexicano. Así nacen los denominados contratos colectivos de protección patronal que operan en más de 90 por ciento de los centros laborales del país.
Este retorcido proceso tiene dos rendijas o espacios donde se cuelan algunos sindicatos auténticos en condiciones de extrema dificultad. La primera es encontrar un patrón que aún no tenga contrato colectivo firmado y tratar de obtenerlo mediante un emplazamiento de huelga, y la otra consiste en organizarse e intentar cambiar al sindicato impuesto por conducto del llamado juicio de titularidad contractual. En buena medida, los pocos sindicatos auténticos que existen en el país lograron su reconocimiento por cualquiera de esas dos vías de excepción, por ello el sector empresarial se ha dado a la tarea de presionar para cerrarlas, exigiendo que en el proyecto de reforma laboral se cancele el acceso a los emplazamientos de huelga que busquen la firma del pacto colectivo o los intentos de cambios de titularidad. Para esto inventaron los llamados "requisitos de procedibilidad" prácticamente imposibles de cumplir y que, conforme al proyecto de reforma, de no atenderlos ni siquiera se dará trámite a las reclamaciones obreras.
La iniciativa elaborada por la STPS sugiere adicionar la fracción IV al artículo 920 de la ley laboral y crear un apartado en el artículo 899. La primera se refiere a los requisitos que deberán cumplirse para tramitar un emplazamiento de huelga que busque la firma de un contrato colectivo. El segundo también fija nuevos requisitos sin los cuales no se daría curso al cambio de titularidad contractual. Para admitir a trámite las demandas deberán acreditarse previamente los nombres y las firmas de los trabajadores inconformes y sustanciar un procedimiento administrativo ante la autoridad laboral, tendiente a obtener una certificación escrita. Al estar integradas las Juntas de Conciliación y Arbitraje por los representantes del patrón, del líder sindical hegemónico y del gobierno, cumplir con tales exigencias significarían pedirle permiso a los futuros demandados para que sea reconocido el derecho de los trabajadores de elegir al sindicato de su preferencia. Tal absurdo no encuentra antecedente en la doctrina laboral, ni en ningún otro país, por la simple razón de que jamás se dará esa autorización, además de que dar a conocer previamente nombres y firmas de los trabajadores inconformes provocaría, como sucede ya en la práctica, su represión inmediata. Se trata sin duda de una propuesta de reforma contraria a la Constitución y a los convenios internacionales en materia de libertad sindical y de respeto a los derechos humanos.
La propuesta incluye un supuesto adicional para el improbable caso que un sindicato superara los obstáculos descritos. El artículo de nueva creación 899-C señala que, en caso de existir juicio pendiente de titularidad contractual, ningún sindicato podrá actuar hasta que haya transcurrido un año. De ser aprobado este absurdo artículo, los patrones y los líderes a su servicio, al enterarse que los trabajadores se están organizando en su defensa para cambiar de sindicato, podrán fácilmente inventar un juicio haciéndolo durar lo necesario para inhibir las intenciones obreras, y una vez que éste termine, los trabajadores deberán esperar un año más.
El sector empresarial alega que su propuesta está dirigida a evitar los chantajes de sindicatos que emplazan a huelga o reclaman titularidades de contratos sin tener afiliados, exigiendo cantidades de dinero a cambio de de-sistir de sus demandas. Sin duda, hay que impedir estas extorsiones, pero no por la vía de cancelar a todos el ejercicio de los derechos laborales colectivos. Una solución viable es que antes de la firma de cualquier contrato colectivo los trabajadores sean consultados mediante voto secreto si están conformes con el sindicato que pretende representarlos. A esta opción se opone el sector empresarial porque reclama conservar la práctica de ser él quien decida con qué sindicato firmar el contrato colectivo, sin que en estos casos exista consulta alguna a los empleados.
En virtud de que las formas de representación gremial son esenciales en la vida democrática del país, es fundamental incluirlas en la agenda de la reforma del Estado, que será motivo de discusión en el Congreso de la Unión el próximo mes.
viernes, 8 de enero de 2010
¡¡VAMOS TODOS POR LA RENUNCIA DE FECAL!!
Un grupo en Facebook de reciente formación, denominado: A QUE EN 30 DÍAS JUNTAMOS 1,000,000 QUE QUIERE QUE RENUNCIE CALDERÓN, está convocando a su primera reunión formal este domingo, realizando una invitación general a todos los mexicanos, y dice así:
Nos reuniremos para organizar la salida de Calderón. Un primer paso es la realización de mantas, por lo cuál se les pide llevar material para su realización (hilo, tela, mantas, cartulinas, plumones, pinceles, pintura) y todo lo que se les ocurra. Ahí nos vemos!!!
Además los compañeros proponen hacer pancartas, folletos lo que sea para informar al pueblo de la verdad así contagiarlos y nos apoyen.
ESTE ES UN MOVIMIENTO PACIFICO
Domingo, 10 de enero de 2010
Hora: 12:00 - 23:00
Lugar: Monumento a la Revolución
BOLETIN DE PRENSA SME DEL 7 DE ENERO
Durante la madrugada del 7 de enero del presente año, el Centro Histórico de nuestra Ciudad Capital vivió un verdadero calvario, anticipando con mucho, a la semana santa.
En efecto a partir de las 2 de la mañana comenzaron una serie de explosiones en la Red Automática Central. Todo inició en la bóveda de 16 de septiembre y Gante en la Red 53, donde personal de las empresas contratistas privadas al realizar maniobras equivocadas, provocaron varios disturbios eléctricos e incendios que duraron prácticamente toda la madrugada.
Posteriormente, en la Subestación (S.E.) de 20 de Noviembre y Regina, se incendia dicha S.E. dejando sin potencial a una amplia zona del primer cuadro, entre otros edificios, al Palacio Nacional y al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Finalmente, en la S.E. de Bolívar 30, en otro edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se registra otro incendio dejando sin potencial a la totalidad de la Red Central por más de 20 minutos, y posteriormente se presentan dos potentes explosiones, poniendo en peligro la vida de los miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos que se encontraban dentro de ese edificio, combatiendo el incendio. Al momento de escribir el presente boletín, siguen sin normalizarse completamente los distintos disturbios.
Con lo anterior, queda claro que la zona de influencia de Luz y fuerza del Centro (LyFC) que fuera atendida por trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), está a merced de personas y empresas sin el suficiente conocimiento técnico y operativo de las redes eléctricas. Por consiguiente, los ciudadanos, sus propiedades y lugares de habitación, trabajo, estudio y recreación, se encuentran sin la protección mínima o suficiente, agregando uno elemento más, a la ya de por si grave inseguridad social en la que vivimos los mexicanos.
Todo ello es responsabilidad exclusiva de quienes decidieron decretar la extinción de LyFC, a saber: Felipe Calderón Hinojosa, el autollamado “presidente del empleo”; del gerente de relaciones laborales de la oligarquía mexicana, Javier Lozano Alarcón y de Alfredo Elías Ayub, el director de “Clase Mundial”.
Por nuestra parte, el SME expresa su solidaridad con los miles de ciudadanos afectados por la incapacidad e impericia de los funcionarios que padecemos, al mismo tiempo que nos ponemos a la disposición de las personas que están sufriendo en carne propia la ineficiencia del personal de “Clase Mundial” que no solo no repara sino que complica la operación de nuestras Redes Eléctricas.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 7 de enero de 2010
FERNANDO AMEZCUA CASTILLO
Secretario del Exterior
SME
Publicado por Puma en resistencia en 10:24
En efecto a partir de las 2 de la mañana comenzaron una serie de explosiones en la Red Automática Central. Todo inició en la bóveda de 16 de septiembre y Gante en la Red 53, donde personal de las empresas contratistas privadas al realizar maniobras equivocadas, provocaron varios disturbios eléctricos e incendios que duraron prácticamente toda la madrugada.
Posteriormente, en la Subestación (S.E.) de 20 de Noviembre y Regina, se incendia dicha S.E. dejando sin potencial a una amplia zona del primer cuadro, entre otros edificios, al Palacio Nacional y al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Finalmente, en la S.E. de Bolívar 30, en otro edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se registra otro incendio dejando sin potencial a la totalidad de la Red Central por más de 20 minutos, y posteriormente se presentan dos potentes explosiones, poniendo en peligro la vida de los miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos que se encontraban dentro de ese edificio, combatiendo el incendio. Al momento de escribir el presente boletín, siguen sin normalizarse completamente los distintos disturbios.
Con lo anterior, queda claro que la zona de influencia de Luz y fuerza del Centro (LyFC) que fuera atendida por trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), está a merced de personas y empresas sin el suficiente conocimiento técnico y operativo de las redes eléctricas. Por consiguiente, los ciudadanos, sus propiedades y lugares de habitación, trabajo, estudio y recreación, se encuentran sin la protección mínima o suficiente, agregando uno elemento más, a la ya de por si grave inseguridad social en la que vivimos los mexicanos.
Todo ello es responsabilidad exclusiva de quienes decidieron decretar la extinción de LyFC, a saber: Felipe Calderón Hinojosa, el autollamado “presidente del empleo”; del gerente de relaciones laborales de la oligarquía mexicana, Javier Lozano Alarcón y de Alfredo Elías Ayub, el director de “Clase Mundial”.
Por nuestra parte, el SME expresa su solidaridad con los miles de ciudadanos afectados por la incapacidad e impericia de los funcionarios que padecemos, al mismo tiempo que nos ponemos a la disposición de las personas que están sufriendo en carne propia la ineficiencia del personal de “Clase Mundial” que no solo no repara sino que complica la operación de nuestras Redes Eléctricas.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 7 de enero de 2010
FERNANDO AMEZCUA CASTILLO
Secretario del Exterior
SME
Publicado por Puma en resistencia en 10:24
Cuernavaca: de la mano de la DEA
Por: Jorge Camil
Publicado en: www.jornada.unam.mx/2010/01/08
El operativo en el que murió Arturo Beltrán Leyva fue indudablemente una escalada en la "guerra contra el crimen organizado"; un cambio radical de estrategia, o una nueva aventura que pudiera conducirnos a incrementar la violencia. ¿A qué se debió el cambio? Pudo ser consecuencia de la intervención cada vez mayor de la DEA, que ahora tiene presupuesto para realizar labores de "inteligencia humana" en México, y encuadrándonos en el modelo de Colombia investiga posibles nexos del narco con la "guerrilla mexicana". O pudo ser iniciativa de Felipe Calderón para mostrar avances en una "guerra" fallida que hoy, merced a la nueva estrategia, pudiera convertirse en un combate sin cuartel. Los informes sobre el operativo (torpes, parciales, incongruentes) revelaron inconsistencias importantes: primero apuntaron a "una excelente labor de inteligencia de la Armada" (aunque por razones obvias se ocultó la participación de la DEA, que horas después se vanagloriaba en Washington de la "exitosa labor conjunta"). Es obvio que atribuyéndole la autoría a la Armada se justificaba su incursión en una ciudad sin litoral, aunque poco después esa patraña se haya ido por la borda cuando los medios revelaron que el "hallazgo" pudo ser consecuencia de un pitazo para cobrar la recompensa de 2 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos. Por lo que toca a la participación de la Armada, cada día más involucrada en esta guerra, y a la extraña ausencia del Ejército, se dijo que el Jefe de jefes vivía y operaba en Morelos protegido por la policía y miembros del Ejército. Así que no se podía arriesgar el éxito a posibles filtraciones (¿qué hará el gobierno si se corrompe la Marina: recurrir a los marines de las barras y las estrellas, como Álvaro Uribe en Colombia?). Hasta aquí es imposible no asociar los hechos, la abierta participación de la DEA y la feroz matanza de Beltrán Leyva y sus escoltas, con el modus operandi utilizado para capturar y matar a los hijos de Saddam Hussein, por quienes antes se había ofrecido una recompensa de 20 millones de dólares (es la pauta que sigue Estados Unidos). En ambos casos se evacuó completamente el área para tender un hermético cerco militar que permitiera desatar una inclemente lluvia de fuego. Las evidencias muestran que en ambos casos se buscó dejar a las víctimas sin posibilidad de escape. (Para el obispo Raúl Vera los marinos mexicanos fueron a ejecutar, no a aprehender: "fue una ejecución extrajudicial", declaró a La Jornada.) Los videos del departamento de Beltrán Leyva recordaron las imágenes dantescas del ataque a la casa de los hijos de Hussein. "Venían por él", concluyeron vecinos de Beltrán Leyva en Cuernavaca. Por eso fue muy revelador que el procurador general hubiera iniciado su conferencia adelantándose a los hechos: "la PGR no asesina presuntos culpables", declaró. Fue significativo, también, que a 15 días de la masacre la PGR continuara "explicando" la ausencia del Ejército y apaciguándolo: "es un ariete en la lucha contra el crimen organizado", dijo el procurador. Después, un poco obligado, añadió que el Ejército tuvo la importante misión de facilitar "seguridad perimetral" para detener "individuos armados que pudieran acudir a salvar a su jefe". (Lo que nos faltaba: ¡rencillas entre Ejército y Marina sobre el narco!). Las represalias no se hicieron esperar: el cártel ordenó de inmediato la muerte de la familia del maestre Melquisedet Angulo, festejado inoportunamente como héroe del momento. Después vendría el escarmiento en los medios: charcos de sangre por doquier, paredes derruidas y macabras fotos de Beltrán Leyva, desnudo y cubierto de billetes y símbolos religiosos ensangrentados: un acto de barbarie no suficientemente aclarado, que violó el protocolo procesal, y los más elementales principios de un Estado democrático. ¿A qué vino el aparatoso despliegue de fuerza, cuando el mismo día del operativo se registraron 64 muertos y decapitados en varias entidades, y las cifras de 2009 muestran un narcoejecutado cada 60 minutos? (Milenio 2/1/10). Calderón es un hombre obstinado, que se molesta cuando alguien insinúa que estamos en proceso de convertirnos en un Estado fallido. No obstante, él mismo reconoció en el congreso de Guatemala que la guerra contra el narco no es una obsesión: “se justifica porque el narco busca apropiarse de nuestra sociedad”. (Previamente, en junio de 2008, había reconocido en Madrid que el crimen organizado comenzaba "a oponer su propia fuerza a la fuerza del Estado, a oponer su propia ley a la ley del Estado, e incluso a recaudar contra la recaudación oficial".) Aunque todos reconocen el fracaso de una guerra sin objetivos claros, Calderón está condenado a continuarla (como George W. Bush en su momento en Irak), porque es el leitmotiv de su gobierno. Ante la caída de la economía, el desempleo y el fracaso de las reformas prometidas, la guerra contra el narco es un tema en el que nadie le pide cuentas, porque nadie tiene una clara definición de lo que constituyen ni la victoria ni el fracaso.
Publicado en: www.jornada.unam.mx/2010/01/08
El operativo en el que murió Arturo Beltrán Leyva fue indudablemente una escalada en la "guerra contra el crimen organizado"; un cambio radical de estrategia, o una nueva aventura que pudiera conducirnos a incrementar la violencia. ¿A qué se debió el cambio? Pudo ser consecuencia de la intervención cada vez mayor de la DEA, que ahora tiene presupuesto para realizar labores de "inteligencia humana" en México, y encuadrándonos en el modelo de Colombia investiga posibles nexos del narco con la "guerrilla mexicana". O pudo ser iniciativa de Felipe Calderón para mostrar avances en una "guerra" fallida que hoy, merced a la nueva estrategia, pudiera convertirse en un combate sin cuartel. Los informes sobre el operativo (torpes, parciales, incongruentes) revelaron inconsistencias importantes: primero apuntaron a "una excelente labor de inteligencia de la Armada" (aunque por razones obvias se ocultó la participación de la DEA, que horas después se vanagloriaba en Washington de la "exitosa labor conjunta"). Es obvio que atribuyéndole la autoría a la Armada se justificaba su incursión en una ciudad sin litoral, aunque poco después esa patraña se haya ido por la borda cuando los medios revelaron que el "hallazgo" pudo ser consecuencia de un pitazo para cobrar la recompensa de 2 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos. Por lo que toca a la participación de la Armada, cada día más involucrada en esta guerra, y a la extraña ausencia del Ejército, se dijo que el Jefe de jefes vivía y operaba en Morelos protegido por la policía y miembros del Ejército. Así que no se podía arriesgar el éxito a posibles filtraciones (¿qué hará el gobierno si se corrompe la Marina: recurrir a los marines de las barras y las estrellas, como Álvaro Uribe en Colombia?). Hasta aquí es imposible no asociar los hechos, la abierta participación de la DEA y la feroz matanza de Beltrán Leyva y sus escoltas, con el modus operandi utilizado para capturar y matar a los hijos de Saddam Hussein, por quienes antes se había ofrecido una recompensa de 20 millones de dólares (es la pauta que sigue Estados Unidos). En ambos casos se evacuó completamente el área para tender un hermético cerco militar que permitiera desatar una inclemente lluvia de fuego. Las evidencias muestran que en ambos casos se buscó dejar a las víctimas sin posibilidad de escape. (Para el obispo Raúl Vera los marinos mexicanos fueron a ejecutar, no a aprehender: "fue una ejecución extrajudicial", declaró a La Jornada.) Los videos del departamento de Beltrán Leyva recordaron las imágenes dantescas del ataque a la casa de los hijos de Hussein. "Venían por él", concluyeron vecinos de Beltrán Leyva en Cuernavaca. Por eso fue muy revelador que el procurador general hubiera iniciado su conferencia adelantándose a los hechos: "la PGR no asesina presuntos culpables", declaró. Fue significativo, también, que a 15 días de la masacre la PGR continuara "explicando" la ausencia del Ejército y apaciguándolo: "es un ariete en la lucha contra el crimen organizado", dijo el procurador. Después, un poco obligado, añadió que el Ejército tuvo la importante misión de facilitar "seguridad perimetral" para detener "individuos armados que pudieran acudir a salvar a su jefe". (Lo que nos faltaba: ¡rencillas entre Ejército y Marina sobre el narco!). Las represalias no se hicieron esperar: el cártel ordenó de inmediato la muerte de la familia del maestre Melquisedet Angulo, festejado inoportunamente como héroe del momento. Después vendría el escarmiento en los medios: charcos de sangre por doquier, paredes derruidas y macabras fotos de Beltrán Leyva, desnudo y cubierto de billetes y símbolos religiosos ensangrentados: un acto de barbarie no suficientemente aclarado, que violó el protocolo procesal, y los más elementales principios de un Estado democrático. ¿A qué vino el aparatoso despliegue de fuerza, cuando el mismo día del operativo se registraron 64 muertos y decapitados en varias entidades, y las cifras de 2009 muestran un narcoejecutado cada 60 minutos? (Milenio 2/1/10). Calderón es un hombre obstinado, que se molesta cuando alguien insinúa que estamos en proceso de convertirnos en un Estado fallido. No obstante, él mismo reconoció en el congreso de Guatemala que la guerra contra el narco no es una obsesión: “se justifica porque el narco busca apropiarse de nuestra sociedad”. (Previamente, en junio de 2008, había reconocido en Madrid que el crimen organizado comenzaba "a oponer su propia fuerza a la fuerza del Estado, a oponer su propia ley a la ley del Estado, e incluso a recaudar contra la recaudación oficial".) Aunque todos reconocen el fracaso de una guerra sin objetivos claros, Calderón está condenado a continuarla (como George W. Bush en su momento en Irak), porque es el leitmotiv de su gobierno. Ante la caída de la economía, el desempleo y el fracaso de las reformas prometidas, la guerra contra el narco es un tema en el que nadie le pide cuentas, porque nadie tiene una clara definición de lo que constituyen ni la victoria ni el fracaso.
viernes, 1 de enero de 2010
miércoles, 9 de diciembre de 2009
NUEVO HOLOCAUSTO
Se me han acabado los adjetivos desde el 11 de octubre, que describan el horror y la rabia de sentirse secuestrada por la delincuencia de cuello blanco que gobierna éste país, ¿adjetivos que describan la profunda tristeza ante la ignorancia, ingenuidad e indiferencia de mis compatriotas? tampoco tengo ya ... Me quedo corta entonces si digo que leer los documentos en los que Felipe Calderón y sus cómplices (sí, cómplices, no hay otra forma de llamarlos)planearon la extinción de LyFC con toda antelación, con toda frialdad y con toda desvergüenza; me dejaron atónita (otra vez). Sentí el mismo escalofrío, el mismo nudo en la garganta, el mismo hueco en el estómago que se siente cuando uno ve las crónicas del holocausto judío en la segunda guerra mundial y sobre todo cuando uno se entera de cómo los oficiales de la SS planeaban y escribían planes e informes al respecto, llamando con palabras "oficiales" y neutras a lo que no era otra cosa que asesinatos, que perversión, que ignominia; sobre todo sentí el mismo horror y el reflejo que le sigue, el de repetir (y desear con todo mi corazón) sin cesar "¡Ésto no está pasando, ésto no puede ser cierto, no puede ser!" ... Y sin embargo lo es,ahí está su verdad, ahí se dice todo aquello que no son capaces de decir con todas sus letras y que se resume en la convicción absoluta de que para cumplir objetivos "económicos", "políticos", debe extinguirse la posibilidad real de que millones de mexicanos tengan acceso a una vida digna, sí, se plantea con esas palabras oficiales y neutras propias de quienes no tienen capacidad para reconocer a otros, que millones deben no sólo quedarse tan pobres como estén, sino serlo aún más, resulta entonces que el aumento en el número de pobres y extremadamente pobres no fue sólo una consecuencia de la estupidez y corrupción de los gobernantes: Ha sido el objetivo siempre. Los documentos son escalofriantes porque la extinción de LyFC es sólo una pequeñísima parte de una estrategia que se refiere a todos nosotros casi en términos de cosas, de animales a lo mucho y en donde la única posibilidad que se nos plantea es la de sobrevivir y ni siquiera como un derecho, sino como una consecuencia poco grata ... ¿No estamos siendo objeto de una tentativa de exterminio cuando se plantea claramente que el trabajador promedio NO DEBE por ejemplo "gozar" de vacaciones ó de permisos de lactancia? ¿No estamos siendo objeto de una tentativa de exterminio cuando se plantea claramente que el trabajador promedio NO DEBE tener derecho a acumular antigüedad en ningún trabajo y que es preferible el mantener las contrataciones temporales? ... Así me siento en éste momento, presa dentro de una alambrada, sabiendo que soy víctima de la ley del más fuerte, ¿más horror? sí aún hay más: La consigna directa de que dichos documentos permanecieran protegidos por el secreto por un período mínimo de 12 años.
Una vez más y ya con muy pocas fuerzas les pido hagan eco de ésta que es mi voz, pero que estoy segura que es la de muchos otr@s, vayan y vean los documentos, lean los resúmenes (http://smealianzademocratica.blogspot.com/), testifiquen a favor del pueblo de México, no avalen ésta infamia con su indiferencia, reenvíen, difundan, actúen ¡Carajo! ¡Que una cosa es el exterminio y otra el suicidio social!
Con cariño
Iliana Hernandez
porelderechoylajusticiadeltrabajador.blogspot.com
Una vez más y ya con muy pocas fuerzas les pido hagan eco de ésta que es mi voz, pero que estoy segura que es la de muchos otr@s, vayan y vean los documentos, lean los resúmenes (http://smealianzademocratica.blogspot.com/), testifiquen a favor del pueblo de México, no avalen ésta infamia con su indiferencia, reenvíen, difundan, actúen ¡Carajo! ¡Que una cosa es el exterminio y otra el suicidio social!
Con cariño
Iliana Hernandez
porelderechoylajusticiadeltrabajador.blogspot.com
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