La violencia institucionalizada
Por: Luis Javier Garrido
Publicado en: Diario La Jornada. Viernes 12 de febrero 2010.
Las políticas demenciales del gobierno calderonista en su supuesta guerra contra el narcotráfico se han revertido contra éste, y la indignación de la población juarense durante la visita hecha por Felipe Calderón y sus colaboradores da testimonio del clima que se tensa cada vez más en el país.
1. La crisis de Ciudad Juárez, generada por el homicidio de un grupo de estudiantes, perpetrado supuestamente por un grupo paramilitar el 31 de enero, y agudizada por las declaraciones injuriosas del Ejecutivo de facto calificando a las víctimas de integrantes de una banda, y más tarde por una serie de ofrecimientos propagandísticos que culminaron con los actos demagógicos del propio Felipe Calderón ayer en una Ciudad Juárez en estado de sitio, están desnudando cada vez más a la política de violencia institucionalizada del gobierno, que ya muy pocos dudan en calificar como una verdadera guerra contra el pueblo.
2. Los grupos ciudadanos de Juárez fueron contundentes tras los acontecimientos y recordaron desde el 2 de febrero, antes de exigir la renuncia de Calderón, que la violencia generalizada es consecuencia de las políticas del gobierno federal y de las acciones violentas del Ejército que han sido impuestas a esa entidad, y subrayaron que los grupos paramilitares o "escuadrones de la muerte" son preparados y protegidos por las fuerzas armadas, y en este escenario aparecen nítidamente las políticas de Washington.
3. El anuncio hecho el martes 9 por un alto funcionario de la administración del presidente Barack Obama enfatizando que la Iniciativa Mérida, que ha sido el instrumento de ayuda militar de Estados Unidos al gobierno panista, se mantendrá "más de lo previsto", constituye una señal muy clara de que la violencia y el amedrentamiento del pueblo, que han sido el eje central de la política de Felipe Calderón, van a proseguir en este año clave de 2010 y en lo que resta del sexenio, y eso es algo que al parecer están olvidando los chihuahuenses.
4. La estrategia de utilizar en México una política de violencia generalizada presentada como una supuesta “guerra contra el narco”, diseñada en el Departamento de Estado, ha buscado someter a los mexicanos a fin de encubrir las políticas de entrega de recursos a las corporaciones extranjeras y de cesión del control de las políticas estatales a Washington, y estas declaraciones no dejan lugar a dudas. El vocero de Obama subrayó en su anuncio que en esta nueva fase la Iniciativa Mérida entrañará una vertiente "social", que supone a) buscar una mayor cooperación de Washington con las "autoridades locales y municipales" de México y b) una mayor vinculación con "la ciudadanía".
5. La pregunta que muchos se hacen tras los últimos acontecimientos es por lo tanto muy clara: ¿dónde está el crimen organizado, en la calle o en Los Pinos? ¿No son acaso sus mafias las que manejan el país mientras gobierna el PAN-Yunque?
6. El gobierno de facto, que ha asumido que no tiene otra alternativa para sobrevivir que la de hundir al país en el escenario de la violencia y del amedrentamiento de la población, y buscar a partir de ahí imponer los cambios que le exige el capital multinacional, intentó en estos días, mediante una campaña de declaraciones, lograr que Washington le diera alguna libertad para utilizar discrecionalmente estos y otros recursos, pero muy pronto fue disuadido de hacerlo por diversos medios, el último de los cuales fue la serie de dibujos animados de South Park en que aparece Felipe Calderón despilfarrando un botín de dinero, y que éste vetó en MTV Latinoamérica como refirió La Jornada el 11 de febrero.
7. La demagogia oficial de la supuesta guerra al narco, según parece olvidarse, beneficia también de manera directa a las trasnacionales, lo que ha ocultado de manera sistemática el gobierno panista. El 70 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida, que supuestamente busca equipar a las autoridades mexicanas, se asignan desde Washington a corporaciones como Bell, Dyncorp, Cessna, Harris y Northrop Grumman, según un documento del Pentágono publicado por El Universal el 1º de febrero, que con este plan hacen enorme negocio y propician un más fácil control estratégico de las agencias estatales estadunidenses sobre México.
8. El recurso sistemático a la fuerza es un signo de debilidad política que no puede entenderse como un error sino como un crimen contra el pueblo, como en el caso actual. No extraña, por lo mismo, que un gobierno civil débil, aunque sea de facto, recurra a los militares para que respalden decisiones políticas suyas, que generalmente son facciosas, como en su desvarío lo está haciendo Calderón, trastocando todavía más las instituciones de la República. La intervención del general Guillermo Galván, titular de la Sedena, en asuntos políticos el pasado 9 de marzo, exigiendo apoyo a las contrarreformas de Calderón, refleja también, sin embargo, la ignorancia política del gobierno espurio. Esa fecha se conmemora lo acontecido el 9 de febrero de 1913, día en el que el Ejército federal traicionó al pueblo de México, y quebrantando el orden constitucional detuvo y asesinó al presidente Francisco I. Madero.
9. Los problemas de México con Estados Unidos siguen en tanto agravándose ante la incapacidad de un gobierno sin dignidad, que no tiene ya fuerza alguna para negociar con Washington. Luego del anuncio que hizo el presidente Barack Obama (olvidándose una vez más de sus promesas de campaña), indicando que había solicitado el 1º de febrero al Congreso 4 mil 600 millones de dólares para armar mejor a la Patrulla Fronteriza, completar el primer tramo del muro entre los dos países y reforzar las políticas para deportar e identificar a los indocumentados (el Programa E-Verify), no hubo reacción alguna de las dóciles autoridades mexicanas.
10. Las demandas expresadas ayer por algunos sectores de la sociedad civil de Chihuahua a Felipe Calderón de que se termine la violencia y se restablezca el estado de derecho en Ciudad Juárez y en el resto de la entidad, no son, por consiguiente, más que un absurdo. La ruptura de la legalidad constitucional y el establecimiento de un clima de violencia institucionalizada constituyen la piedra angular del proyecto panista-yunquista de gobierno, y así va a ser hasta finales del sexenio si el pueblo no responde de otra manera.
viernes, 12 de febrero de 2010
lunes, 8 de febrero de 2010
Robaron miles de millones de pesos al ejecutar la extinción de LFC, denuncia Martín Esparza
Por:Patricia Muñoz Ríos
Publicado en: Periódico La Jornada
Lunes 8 de febrero de 2010, p. 12
Fueron saqueadas las tesorerías de todos los centros de cobranza y administración de Luz y Fuerza del Centro (LFC) al ejecutar su extinción y "se llevaron cheques, efectivo, cajas chicas y valores. Fue un robo de miles de millones de pesos", denunció el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, luego de informar que este fin de semana se levantó el plantón del Zócalo y hoy se instalan tres campamentos en Tlalpan, Ecatepec e Iztapalapa.
Esparza explicó que dichos campamentos tienen la finalidad de atender en estas zonas a los afectados por las fallas y caídas del servicio de energía eléctrica. Incluso van a salir brigadistas a hacer reparaciones y esta tarea la van a realizar con sus propios recursos y “a pesar de que la Secretaría de Gobernación dijo que no a la propuesta que hizo el SME para enviar a los trabajadores despedidos a hacer dichas reparaciones.
"No aceptaron el ofrecimiento del sindicato para reparar las fallas ni plantearon alternativas de solución; prefirieron que la población sufra las consecuencias de la falta del servicio, que se inundaran las zonas por la falta de bombeo. Pero vamos a revisar las zonas sin luz, se va a hacer un censo de los los postes tirados, las redes que están colapsadas, completamente fuera de servicio, vamos a hacer lo podamos, queremos ayudar, si se trata de revisiones, acometidas en casas habitación, lo que podemos hacer", dijo.
La intención es que los trabajadores salgan en grupos de 10 a hacer estas reparaciones, dijo, y cuestionado respecto de si no se tendrán problemas legales los electricistas que participen de estas tareas, respondió que la electricidad es un servicio de primera necesidad y que no los pueden acusar de nada por hacer este trabajo. Tampoco de sabotaje, “porque vamos a hacer un servicio público que ellos no pueden hacer y está demostrada su ineficiencia.
"Lo que vamos a hacer no es un delito; delito es dejar a la gente sin luz, porque se está afectando la economía de al menos medio millón de familias que no tienen en este momento el servicio y de los miles de comercios, que incluso están quebrando", añadió.
Entrevistado al término de la clausura de la reunión preparatoria del congreso social que se llevó a cabo en el SME, indicó que hay una serie de irregularidades que el gobierno no ha explicado, porque por un lado fundamentó falsamente la extinción de LFC en las supuestas transferencias que se hacían a la paraestatal, y por el otro, ha permitido "el saqueo vil y descarado de las instalaciones, el robo de millones de pesos que había en las tesorerías al momento de la aplicación del decreto. Dinero del cual no se sabe nada e incluso se señala que se sanearon las finanzas de la empresa cuando había mil 600 millones de pesos de subejercicio del gasto. Nada cuadra".
También informó que la CFE ya tiene listos los nuevos medidores que se han empezado a instalar, los cuales, traen el sistema de prepago del servicio, es decir, los usuarios tendrán primero que pagar lo que esperan consumir durante el mes o el bimestre a través de un esquema de tarjetas o prepagos, y cuando su saldo se acabe tendrán que volver a "cargar" el servicio, el cual, además, ya no tendrá subsidio.
Por último, se refirió al plantón que tenía instalado el SME en el Zócalo y dijo que ya se levantó y que todos los trabajadores se van a mover para concentrarse en los campamentos de Ecatepec, Iztapalapa y Tlalpan.
Publicado en: Periódico La Jornada
Lunes 8 de febrero de 2010, p. 12
Fueron saqueadas las tesorerías de todos los centros de cobranza y administración de Luz y Fuerza del Centro (LFC) al ejecutar su extinción y "se llevaron cheques, efectivo, cajas chicas y valores. Fue un robo de miles de millones de pesos", denunció el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, luego de informar que este fin de semana se levantó el plantón del Zócalo y hoy se instalan tres campamentos en Tlalpan, Ecatepec e Iztapalapa.
Esparza explicó que dichos campamentos tienen la finalidad de atender en estas zonas a los afectados por las fallas y caídas del servicio de energía eléctrica. Incluso van a salir brigadistas a hacer reparaciones y esta tarea la van a realizar con sus propios recursos y “a pesar de que la Secretaría de Gobernación dijo que no a la propuesta que hizo el SME para enviar a los trabajadores despedidos a hacer dichas reparaciones.
"No aceptaron el ofrecimiento del sindicato para reparar las fallas ni plantearon alternativas de solución; prefirieron que la población sufra las consecuencias de la falta del servicio, que se inundaran las zonas por la falta de bombeo. Pero vamos a revisar las zonas sin luz, se va a hacer un censo de los los postes tirados, las redes que están colapsadas, completamente fuera de servicio, vamos a hacer lo podamos, queremos ayudar, si se trata de revisiones, acometidas en casas habitación, lo que podemos hacer", dijo.
La intención es que los trabajadores salgan en grupos de 10 a hacer estas reparaciones, dijo, y cuestionado respecto de si no se tendrán problemas legales los electricistas que participen de estas tareas, respondió que la electricidad es un servicio de primera necesidad y que no los pueden acusar de nada por hacer este trabajo. Tampoco de sabotaje, “porque vamos a hacer un servicio público que ellos no pueden hacer y está demostrada su ineficiencia.
"Lo que vamos a hacer no es un delito; delito es dejar a la gente sin luz, porque se está afectando la economía de al menos medio millón de familias que no tienen en este momento el servicio y de los miles de comercios, que incluso están quebrando", añadió.
Entrevistado al término de la clausura de la reunión preparatoria del congreso social que se llevó a cabo en el SME, indicó que hay una serie de irregularidades que el gobierno no ha explicado, porque por un lado fundamentó falsamente la extinción de LFC en las supuestas transferencias que se hacían a la paraestatal, y por el otro, ha permitido "el saqueo vil y descarado de las instalaciones, el robo de millones de pesos que había en las tesorerías al momento de la aplicación del decreto. Dinero del cual no se sabe nada e incluso se señala que se sanearon las finanzas de la empresa cuando había mil 600 millones de pesos de subejercicio del gasto. Nada cuadra".
También informó que la CFE ya tiene listos los nuevos medidores que se han empezado a instalar, los cuales, traen el sistema de prepago del servicio, es decir, los usuarios tendrán primero que pagar lo que esperan consumir durante el mes o el bimestre a través de un esquema de tarjetas o prepagos, y cuando su saldo se acabe tendrán que volver a "cargar" el servicio, el cual, además, ya no tendrá subsidio.
Por último, se refirió al plantón que tenía instalado el SME en el Zócalo y dijo que ya se levantó y que todos los trabajadores se van a mover para concentrarse en los campamentos de Ecatepec, Iztapalapa y Tlalpan.
viernes, 5 de febrero de 2010
SME BOLETÍN DE PRENSA URGENTE. RELATIVO A LAS RECIENTES INUNDACIONES.
¡¡¡ALERTA!!! El SME ha denunciado grupos de saboteadores con credenciales de LyFC que ha formado el gobierno, los cuales atacarán subestaciones con el objetivo de afectar a usuarios de la luz y echarle la culpa al SME, no se dejen engañar! ¡¡APOYO TOTAL AL SME!!
viernes 5 de febrero de 2010
SME BOLETÍN DE PRENSA URGENTE. RELATIVO A LAS RECIENTES INUNDACIONES.
BOLETÍN DE PRENSA URGENTE
Una vez más las fuerzas naturales y la impericia técnico-operativa de las empresas contratadas por Comisión Federal de Electricidad, mejor conocida en el mundo como la “empresa de calidad mundial” han hecho de las suyas.
Al día de hoy, ya se encuentran más de 94 colonias sin energía eléctrica y más 20 mil ciudadanos damnificados por el desbordamiento de varios ríos que atraviesan la zona de atención de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), según reportes conservadores de diversos medios de comunicación. Sin que hasta el momento las autoridades de la CFE, tengan a bien darles la cara y una explicación convincente a los usuarios del servicio público de energía eléctrica en el Área de Control Central (ACC).
Cuando la CFE lo haga, no faltarán quienes responsabilicen al dios Tlaloc de tales acontecimientos, y hasta quienes exijan, el correspondiente decreto para la extinción de ese dios precolombino.
Pero la realidad, es que estamos asistiendo al espectáculo deprimente de la total incapacidad de los funcionarios federales que pisotearon la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al decretar la extinción de LyFC y el despido de sus 44 mil novecientos trabajadores. Al mismo tiempo, se revela la completa incapacidad de las empresas contratadas por CFE para enfrentar desafíos para los que no están, ni estarán preparados.
Estas afectaciones tienen su origen, no sólo en la cantidad inusual de lluvia caída en los últimos días, sino además que, derivado de la falta del fluido eléctrico ha sido imposible abastecer de energía para poder operar las compuertas del sistema de drenaje profundo, para así, permitir el desalojo de importantes cantidades del vital líquido de diversos ríos del Distrito Federal y del Estado de México. La suma de incapacidades e ineficiencias de
funcionarios como Javier Lozano Alarcón y Alfredo Elías Ayub, han provocado el caos citadino y el justificado malestar generalizado, de la población capitalina y mexiquense.
En esta difícil hora para nuestros usuarios, el Sindicato Mexicano de Electricistas reitera su más completa solidaridad para con estos mexicanos víctimas de la negligencia de aquellos funcionarios, a los cuales les estarán llegando iracundos recordatorios familiares, de parte de los cientos de miles de ciudadanos afectados.
Al mismo tiempo, manifestamos nuestra completa disposición para entrar de inmediato a enfrentar y resolver los entuertos de funcionarios y empresas inútiles. Diversas voces ciudadanas han reclamado desde diferentes ópticas, la urgente necesidad de resolver no sólo el asunto legal sino además la cuestión técnico-operativa para garantizar el servicio público de energía eléctrica por parte de Luz y Fuerza del Centro y con los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Urge escuchar esas voces antes de que sea demasiado tarde, la paciencia popular se agota rápidamente.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 4 de febrero de 2010
Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior
viernes 5 de febrero de 2010
SME BOLETÍN DE PRENSA URGENTE. RELATIVO A LAS RECIENTES INUNDACIONES.
BOLETÍN DE PRENSA URGENTE
Una vez más las fuerzas naturales y la impericia técnico-operativa de las empresas contratadas por Comisión Federal de Electricidad, mejor conocida en el mundo como la “empresa de calidad mundial” han hecho de las suyas.
Al día de hoy, ya se encuentran más de 94 colonias sin energía eléctrica y más 20 mil ciudadanos damnificados por el desbordamiento de varios ríos que atraviesan la zona de atención de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), según reportes conservadores de diversos medios de comunicación. Sin que hasta el momento las autoridades de la CFE, tengan a bien darles la cara y una explicación convincente a los usuarios del servicio público de energía eléctrica en el Área de Control Central (ACC).
Cuando la CFE lo haga, no faltarán quienes responsabilicen al dios Tlaloc de tales acontecimientos, y hasta quienes exijan, el correspondiente decreto para la extinción de ese dios precolombino.
Pero la realidad, es que estamos asistiendo al espectáculo deprimente de la total incapacidad de los funcionarios federales que pisotearon la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al decretar la extinción de LyFC y el despido de sus 44 mil novecientos trabajadores. Al mismo tiempo, se revela la completa incapacidad de las empresas contratadas por CFE para enfrentar desafíos para los que no están, ni estarán preparados.
Estas afectaciones tienen su origen, no sólo en la cantidad inusual de lluvia caída en los últimos días, sino además que, derivado de la falta del fluido eléctrico ha sido imposible abastecer de energía para poder operar las compuertas del sistema de drenaje profundo, para así, permitir el desalojo de importantes cantidades del vital líquido de diversos ríos del Distrito Federal y del Estado de México. La suma de incapacidades e ineficiencias de
funcionarios como Javier Lozano Alarcón y Alfredo Elías Ayub, han provocado el caos citadino y el justificado malestar generalizado, de la población capitalina y mexiquense.
En esta difícil hora para nuestros usuarios, el Sindicato Mexicano de Electricistas reitera su más completa solidaridad para con estos mexicanos víctimas de la negligencia de aquellos funcionarios, a los cuales les estarán llegando iracundos recordatorios familiares, de parte de los cientos de miles de ciudadanos afectados.
Al mismo tiempo, manifestamos nuestra completa disposición para entrar de inmediato a enfrentar y resolver los entuertos de funcionarios y empresas inútiles. Diversas voces ciudadanas han reclamado desde diferentes ópticas, la urgente necesidad de resolver no sólo el asunto legal sino además la cuestión técnico-operativa para garantizar el servicio público de energía eléctrica por parte de Luz y Fuerza del Centro y con los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Urge escuchar esas voces antes de que sea demasiado tarde, la paciencia popular se agota rápidamente.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 4 de febrero de 2010
Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior
sábado, 16 de enero de 2010
Reforma laboral para cancelar la libertad sindical
Por: Arturo Alcalde Justinian
Publicado en:http://www.jornada.unam.mx/2010/01/16/
El gobierno federal anunció que en febrero próximo se presentará la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. No se ve fácil este intento; sin embargo, de concretarse podría ponerse en práctica la táctica llevada a cabo para modificar las leyes del Seguro Social y del ISSSTE: en unos cuantos días se impusieron los cambios sin dar oportunidad a su discusión en el seno del Congreso y menos aún en la sociedad. De ahí la importancia de conocer y reflexionar sobre los puntos centrales del anteproyecto dado a conocer por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Son muchos los aspectos lesivos en esta propuesta; sin embargo, uno de ellos tiene especial relevancia, ya que de ser aprobado cerraría toda posibilidad al ejercicio de la libertad sindical y la contratación colectiva, de por sí raquíticas en nuestra práctica laboral. Para dimensionar los cambios sugeridos, conviene recordar que una costumbre en nuestro país –por cierto única en el mundo– es que los patrones escogen a los sindicatos con los cuales deciden firmar el contrato colectivo de trabajo inicial. Antes de instalar una empresa –así como se decide el lugar o las características del negocio– consultan con sus abogados cuál deberá ser la central sindical u organización que representará a sus futuros trabajadores. El abogado patronal se convierte así en el proveedor de los contratos colectivos a los que líderes sindicales se someten sin chistar, buscando ser elegidos para la firma de los mismos. En este grotesco proceso plagado de complicidades y de corrupción se origina en buena parte el grado de postración en que se encuentra el mundo sindical mexicano. Así nacen los denominados contratos colectivos de protección patronal que operan en más de 90 por ciento de los centros laborales del país.
Este retorcido proceso tiene dos rendijas o espacios donde se cuelan algunos sindicatos auténticos en condiciones de extrema dificultad. La primera es encontrar un patrón que aún no tenga contrato colectivo firmado y tratar de obtenerlo mediante un emplazamiento de huelga, y la otra consiste en organizarse e intentar cambiar al sindicato impuesto por conducto del llamado juicio de titularidad contractual. En buena medida, los pocos sindicatos auténticos que existen en el país lograron su reconocimiento por cualquiera de esas dos vías de excepción, por ello el sector empresarial se ha dado a la tarea de presionar para cerrarlas, exigiendo que en el proyecto de reforma laboral se cancele el acceso a los emplazamientos de huelga que busquen la firma del pacto colectivo o los intentos de cambios de titularidad. Para esto inventaron los llamados "requisitos de procedibilidad" prácticamente imposibles de cumplir y que, conforme al proyecto de reforma, de no atenderlos ni siquiera se dará trámite a las reclamaciones obreras.
La iniciativa elaborada por la STPS sugiere adicionar la fracción IV al artículo 920 de la ley laboral y crear un apartado en el artículo 899. La primera se refiere a los requisitos que deberán cumplirse para tramitar un emplazamiento de huelga que busque la firma de un contrato colectivo. El segundo también fija nuevos requisitos sin los cuales no se daría curso al cambio de titularidad contractual. Para admitir a trámite las demandas deberán acreditarse previamente los nombres y las firmas de los trabajadores inconformes y sustanciar un procedimiento administrativo ante la autoridad laboral, tendiente a obtener una certificación escrita. Al estar integradas las Juntas de Conciliación y Arbitraje por los representantes del patrón, del líder sindical hegemónico y del gobierno, cumplir con tales exigencias significarían pedirle permiso a los futuros demandados para que sea reconocido el derecho de los trabajadores de elegir al sindicato de su preferencia. Tal absurdo no encuentra antecedente en la doctrina laboral, ni en ningún otro país, por la simple razón de que jamás se dará esa autorización, además de que dar a conocer previamente nombres y firmas de los trabajadores inconformes provocaría, como sucede ya en la práctica, su represión inmediata. Se trata sin duda de una propuesta de reforma contraria a la Constitución y a los convenios internacionales en materia de libertad sindical y de respeto a los derechos humanos.
La propuesta incluye un supuesto adicional para el improbable caso que un sindicato superara los obstáculos descritos. El artículo de nueva creación 899-C señala que, en caso de existir juicio pendiente de titularidad contractual, ningún sindicato podrá actuar hasta que haya transcurrido un año. De ser aprobado este absurdo artículo, los patrones y los líderes a su servicio, al enterarse que los trabajadores se están organizando en su defensa para cambiar de sindicato, podrán fácilmente inventar un juicio haciéndolo durar lo necesario para inhibir las intenciones obreras, y una vez que éste termine, los trabajadores deberán esperar un año más.
El sector empresarial alega que su propuesta está dirigida a evitar los chantajes de sindicatos que emplazan a huelga o reclaman titularidades de contratos sin tener afiliados, exigiendo cantidades de dinero a cambio de de-sistir de sus demandas. Sin duda, hay que impedir estas extorsiones, pero no por la vía de cancelar a todos el ejercicio de los derechos laborales colectivos. Una solución viable es que antes de la firma de cualquier contrato colectivo los trabajadores sean consultados mediante voto secreto si están conformes con el sindicato que pretende representarlos. A esta opción se opone el sector empresarial porque reclama conservar la práctica de ser él quien decida con qué sindicato firmar el contrato colectivo, sin que en estos casos exista consulta alguna a los empleados.
En virtud de que las formas de representación gremial son esenciales en la vida democrática del país, es fundamental incluirlas en la agenda de la reforma del Estado, que será motivo de discusión en el Congreso de la Unión el próximo mes.
Publicado en:http://www.jornada.unam.mx/2010/01/16/
El gobierno federal anunció que en febrero próximo se presentará la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. No se ve fácil este intento; sin embargo, de concretarse podría ponerse en práctica la táctica llevada a cabo para modificar las leyes del Seguro Social y del ISSSTE: en unos cuantos días se impusieron los cambios sin dar oportunidad a su discusión en el seno del Congreso y menos aún en la sociedad. De ahí la importancia de conocer y reflexionar sobre los puntos centrales del anteproyecto dado a conocer por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Son muchos los aspectos lesivos en esta propuesta; sin embargo, uno de ellos tiene especial relevancia, ya que de ser aprobado cerraría toda posibilidad al ejercicio de la libertad sindical y la contratación colectiva, de por sí raquíticas en nuestra práctica laboral. Para dimensionar los cambios sugeridos, conviene recordar que una costumbre en nuestro país –por cierto única en el mundo– es que los patrones escogen a los sindicatos con los cuales deciden firmar el contrato colectivo de trabajo inicial. Antes de instalar una empresa –así como se decide el lugar o las características del negocio– consultan con sus abogados cuál deberá ser la central sindical u organización que representará a sus futuros trabajadores. El abogado patronal se convierte así en el proveedor de los contratos colectivos a los que líderes sindicales se someten sin chistar, buscando ser elegidos para la firma de los mismos. En este grotesco proceso plagado de complicidades y de corrupción se origina en buena parte el grado de postración en que se encuentra el mundo sindical mexicano. Así nacen los denominados contratos colectivos de protección patronal que operan en más de 90 por ciento de los centros laborales del país.
Este retorcido proceso tiene dos rendijas o espacios donde se cuelan algunos sindicatos auténticos en condiciones de extrema dificultad. La primera es encontrar un patrón que aún no tenga contrato colectivo firmado y tratar de obtenerlo mediante un emplazamiento de huelga, y la otra consiste en organizarse e intentar cambiar al sindicato impuesto por conducto del llamado juicio de titularidad contractual. En buena medida, los pocos sindicatos auténticos que existen en el país lograron su reconocimiento por cualquiera de esas dos vías de excepción, por ello el sector empresarial se ha dado a la tarea de presionar para cerrarlas, exigiendo que en el proyecto de reforma laboral se cancele el acceso a los emplazamientos de huelga que busquen la firma del pacto colectivo o los intentos de cambios de titularidad. Para esto inventaron los llamados "requisitos de procedibilidad" prácticamente imposibles de cumplir y que, conforme al proyecto de reforma, de no atenderlos ni siquiera se dará trámite a las reclamaciones obreras.
La iniciativa elaborada por la STPS sugiere adicionar la fracción IV al artículo 920 de la ley laboral y crear un apartado en el artículo 899. La primera se refiere a los requisitos que deberán cumplirse para tramitar un emplazamiento de huelga que busque la firma de un contrato colectivo. El segundo también fija nuevos requisitos sin los cuales no se daría curso al cambio de titularidad contractual. Para admitir a trámite las demandas deberán acreditarse previamente los nombres y las firmas de los trabajadores inconformes y sustanciar un procedimiento administrativo ante la autoridad laboral, tendiente a obtener una certificación escrita. Al estar integradas las Juntas de Conciliación y Arbitraje por los representantes del patrón, del líder sindical hegemónico y del gobierno, cumplir con tales exigencias significarían pedirle permiso a los futuros demandados para que sea reconocido el derecho de los trabajadores de elegir al sindicato de su preferencia. Tal absurdo no encuentra antecedente en la doctrina laboral, ni en ningún otro país, por la simple razón de que jamás se dará esa autorización, además de que dar a conocer previamente nombres y firmas de los trabajadores inconformes provocaría, como sucede ya en la práctica, su represión inmediata. Se trata sin duda de una propuesta de reforma contraria a la Constitución y a los convenios internacionales en materia de libertad sindical y de respeto a los derechos humanos.
La propuesta incluye un supuesto adicional para el improbable caso que un sindicato superara los obstáculos descritos. El artículo de nueva creación 899-C señala que, en caso de existir juicio pendiente de titularidad contractual, ningún sindicato podrá actuar hasta que haya transcurrido un año. De ser aprobado este absurdo artículo, los patrones y los líderes a su servicio, al enterarse que los trabajadores se están organizando en su defensa para cambiar de sindicato, podrán fácilmente inventar un juicio haciéndolo durar lo necesario para inhibir las intenciones obreras, y una vez que éste termine, los trabajadores deberán esperar un año más.
El sector empresarial alega que su propuesta está dirigida a evitar los chantajes de sindicatos que emplazan a huelga o reclaman titularidades de contratos sin tener afiliados, exigiendo cantidades de dinero a cambio de de-sistir de sus demandas. Sin duda, hay que impedir estas extorsiones, pero no por la vía de cancelar a todos el ejercicio de los derechos laborales colectivos. Una solución viable es que antes de la firma de cualquier contrato colectivo los trabajadores sean consultados mediante voto secreto si están conformes con el sindicato que pretende representarlos. A esta opción se opone el sector empresarial porque reclama conservar la práctica de ser él quien decida con qué sindicato firmar el contrato colectivo, sin que en estos casos exista consulta alguna a los empleados.
En virtud de que las formas de representación gremial son esenciales en la vida democrática del país, es fundamental incluirlas en la agenda de la reforma del Estado, que será motivo de discusión en el Congreso de la Unión el próximo mes.
viernes, 8 de enero de 2010
¡¡VAMOS TODOS POR LA RENUNCIA DE FECAL!!
Un grupo en Facebook de reciente formación, denominado: A QUE EN 30 DÍAS JUNTAMOS 1,000,000 QUE QUIERE QUE RENUNCIE CALDERÓN, está convocando a su primera reunión formal este domingo, realizando una invitación general a todos los mexicanos, y dice así:
Nos reuniremos para organizar la salida de Calderón. Un primer paso es la realización de mantas, por lo cuál se les pide llevar material para su realización (hilo, tela, mantas, cartulinas, plumones, pinceles, pintura) y todo lo que se les ocurra. Ahí nos vemos!!!
Además los compañeros proponen hacer pancartas, folletos lo que sea para informar al pueblo de la verdad así contagiarlos y nos apoyen.
ESTE ES UN MOVIMIENTO PACIFICO
Domingo, 10 de enero de 2010
Hora: 12:00 - 23:00
Lugar: Monumento a la Revolución
BOLETIN DE PRENSA SME DEL 7 DE ENERO
Durante la madrugada del 7 de enero del presente año, el Centro Histórico de nuestra Ciudad Capital vivió un verdadero calvario, anticipando con mucho, a la semana santa.
En efecto a partir de las 2 de la mañana comenzaron una serie de explosiones en la Red Automática Central. Todo inició en la bóveda de 16 de septiembre y Gante en la Red 53, donde personal de las empresas contratistas privadas al realizar maniobras equivocadas, provocaron varios disturbios eléctricos e incendios que duraron prácticamente toda la madrugada.
Posteriormente, en la Subestación (S.E.) de 20 de Noviembre y Regina, se incendia dicha S.E. dejando sin potencial a una amplia zona del primer cuadro, entre otros edificios, al Palacio Nacional y al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Finalmente, en la S.E. de Bolívar 30, en otro edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se registra otro incendio dejando sin potencial a la totalidad de la Red Central por más de 20 minutos, y posteriormente se presentan dos potentes explosiones, poniendo en peligro la vida de los miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos que se encontraban dentro de ese edificio, combatiendo el incendio. Al momento de escribir el presente boletín, siguen sin normalizarse completamente los distintos disturbios.
Con lo anterior, queda claro que la zona de influencia de Luz y fuerza del Centro (LyFC) que fuera atendida por trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), está a merced de personas y empresas sin el suficiente conocimiento técnico y operativo de las redes eléctricas. Por consiguiente, los ciudadanos, sus propiedades y lugares de habitación, trabajo, estudio y recreación, se encuentran sin la protección mínima o suficiente, agregando uno elemento más, a la ya de por si grave inseguridad social en la que vivimos los mexicanos.
Todo ello es responsabilidad exclusiva de quienes decidieron decretar la extinción de LyFC, a saber: Felipe Calderón Hinojosa, el autollamado “presidente del empleo”; del gerente de relaciones laborales de la oligarquía mexicana, Javier Lozano Alarcón y de Alfredo Elías Ayub, el director de “Clase Mundial”.
Por nuestra parte, el SME expresa su solidaridad con los miles de ciudadanos afectados por la incapacidad e impericia de los funcionarios que padecemos, al mismo tiempo que nos ponemos a la disposición de las personas que están sufriendo en carne propia la ineficiencia del personal de “Clase Mundial” que no solo no repara sino que complica la operación de nuestras Redes Eléctricas.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 7 de enero de 2010
FERNANDO AMEZCUA CASTILLO
Secretario del Exterior
SME
Publicado por Puma en resistencia en 10:24
En efecto a partir de las 2 de la mañana comenzaron una serie de explosiones en la Red Automática Central. Todo inició en la bóveda de 16 de septiembre y Gante en la Red 53, donde personal de las empresas contratistas privadas al realizar maniobras equivocadas, provocaron varios disturbios eléctricos e incendios que duraron prácticamente toda la madrugada.
Posteriormente, en la Subestación (S.E.) de 20 de Noviembre y Regina, se incendia dicha S.E. dejando sin potencial a una amplia zona del primer cuadro, entre otros edificios, al Palacio Nacional y al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Finalmente, en la S.E. de Bolívar 30, en otro edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se registra otro incendio dejando sin potencial a la totalidad de la Red Central por más de 20 minutos, y posteriormente se presentan dos potentes explosiones, poniendo en peligro la vida de los miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos que se encontraban dentro de ese edificio, combatiendo el incendio. Al momento de escribir el presente boletín, siguen sin normalizarse completamente los distintos disturbios.
Con lo anterior, queda claro que la zona de influencia de Luz y fuerza del Centro (LyFC) que fuera atendida por trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), está a merced de personas y empresas sin el suficiente conocimiento técnico y operativo de las redes eléctricas. Por consiguiente, los ciudadanos, sus propiedades y lugares de habitación, trabajo, estudio y recreación, se encuentran sin la protección mínima o suficiente, agregando uno elemento más, a la ya de por si grave inseguridad social en la que vivimos los mexicanos.
Todo ello es responsabilidad exclusiva de quienes decidieron decretar la extinción de LyFC, a saber: Felipe Calderón Hinojosa, el autollamado “presidente del empleo”; del gerente de relaciones laborales de la oligarquía mexicana, Javier Lozano Alarcón y de Alfredo Elías Ayub, el director de “Clase Mundial”.
Por nuestra parte, el SME expresa su solidaridad con los miles de ciudadanos afectados por la incapacidad e impericia de los funcionarios que padecemos, al mismo tiempo que nos ponemos a la disposición de las personas que están sufriendo en carne propia la ineficiencia del personal de “Clase Mundial” que no solo no repara sino que complica la operación de nuestras Redes Eléctricas.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 7 de enero de 2010
FERNANDO AMEZCUA CASTILLO
Secretario del Exterior
SME
Publicado por Puma en resistencia en 10:24
Cuernavaca: de la mano de la DEA
Por: Jorge Camil
Publicado en: www.jornada.unam.mx/2010/01/08
El operativo en el que murió Arturo Beltrán Leyva fue indudablemente una escalada en la "guerra contra el crimen organizado"; un cambio radical de estrategia, o una nueva aventura que pudiera conducirnos a incrementar la violencia. ¿A qué se debió el cambio? Pudo ser consecuencia de la intervención cada vez mayor de la DEA, que ahora tiene presupuesto para realizar labores de "inteligencia humana" en México, y encuadrándonos en el modelo de Colombia investiga posibles nexos del narco con la "guerrilla mexicana". O pudo ser iniciativa de Felipe Calderón para mostrar avances en una "guerra" fallida que hoy, merced a la nueva estrategia, pudiera convertirse en un combate sin cuartel. Los informes sobre el operativo (torpes, parciales, incongruentes) revelaron inconsistencias importantes: primero apuntaron a "una excelente labor de inteligencia de la Armada" (aunque por razones obvias se ocultó la participación de la DEA, que horas después se vanagloriaba en Washington de la "exitosa labor conjunta"). Es obvio que atribuyéndole la autoría a la Armada se justificaba su incursión en una ciudad sin litoral, aunque poco después esa patraña se haya ido por la borda cuando los medios revelaron que el "hallazgo" pudo ser consecuencia de un pitazo para cobrar la recompensa de 2 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos. Por lo que toca a la participación de la Armada, cada día más involucrada en esta guerra, y a la extraña ausencia del Ejército, se dijo que el Jefe de jefes vivía y operaba en Morelos protegido por la policía y miembros del Ejército. Así que no se podía arriesgar el éxito a posibles filtraciones (¿qué hará el gobierno si se corrompe la Marina: recurrir a los marines de las barras y las estrellas, como Álvaro Uribe en Colombia?). Hasta aquí es imposible no asociar los hechos, la abierta participación de la DEA y la feroz matanza de Beltrán Leyva y sus escoltas, con el modus operandi utilizado para capturar y matar a los hijos de Saddam Hussein, por quienes antes se había ofrecido una recompensa de 20 millones de dólares (es la pauta que sigue Estados Unidos). En ambos casos se evacuó completamente el área para tender un hermético cerco militar que permitiera desatar una inclemente lluvia de fuego. Las evidencias muestran que en ambos casos se buscó dejar a las víctimas sin posibilidad de escape. (Para el obispo Raúl Vera los marinos mexicanos fueron a ejecutar, no a aprehender: "fue una ejecución extrajudicial", declaró a La Jornada.) Los videos del departamento de Beltrán Leyva recordaron las imágenes dantescas del ataque a la casa de los hijos de Hussein. "Venían por él", concluyeron vecinos de Beltrán Leyva en Cuernavaca. Por eso fue muy revelador que el procurador general hubiera iniciado su conferencia adelantándose a los hechos: "la PGR no asesina presuntos culpables", declaró. Fue significativo, también, que a 15 días de la masacre la PGR continuara "explicando" la ausencia del Ejército y apaciguándolo: "es un ariete en la lucha contra el crimen organizado", dijo el procurador. Después, un poco obligado, añadió que el Ejército tuvo la importante misión de facilitar "seguridad perimetral" para detener "individuos armados que pudieran acudir a salvar a su jefe". (Lo que nos faltaba: ¡rencillas entre Ejército y Marina sobre el narco!). Las represalias no se hicieron esperar: el cártel ordenó de inmediato la muerte de la familia del maestre Melquisedet Angulo, festejado inoportunamente como héroe del momento. Después vendría el escarmiento en los medios: charcos de sangre por doquier, paredes derruidas y macabras fotos de Beltrán Leyva, desnudo y cubierto de billetes y símbolos religiosos ensangrentados: un acto de barbarie no suficientemente aclarado, que violó el protocolo procesal, y los más elementales principios de un Estado democrático. ¿A qué vino el aparatoso despliegue de fuerza, cuando el mismo día del operativo se registraron 64 muertos y decapitados en varias entidades, y las cifras de 2009 muestran un narcoejecutado cada 60 minutos? (Milenio 2/1/10). Calderón es un hombre obstinado, que se molesta cuando alguien insinúa que estamos en proceso de convertirnos en un Estado fallido. No obstante, él mismo reconoció en el congreso de Guatemala que la guerra contra el narco no es una obsesión: “se justifica porque el narco busca apropiarse de nuestra sociedad”. (Previamente, en junio de 2008, había reconocido en Madrid que el crimen organizado comenzaba "a oponer su propia fuerza a la fuerza del Estado, a oponer su propia ley a la ley del Estado, e incluso a recaudar contra la recaudación oficial".) Aunque todos reconocen el fracaso de una guerra sin objetivos claros, Calderón está condenado a continuarla (como George W. Bush en su momento en Irak), porque es el leitmotiv de su gobierno. Ante la caída de la economía, el desempleo y el fracaso de las reformas prometidas, la guerra contra el narco es un tema en el que nadie le pide cuentas, porque nadie tiene una clara definición de lo que constituyen ni la victoria ni el fracaso.
Publicado en: www.jornada.unam.mx/2010/01/08
El operativo en el que murió Arturo Beltrán Leyva fue indudablemente una escalada en la "guerra contra el crimen organizado"; un cambio radical de estrategia, o una nueva aventura que pudiera conducirnos a incrementar la violencia. ¿A qué se debió el cambio? Pudo ser consecuencia de la intervención cada vez mayor de la DEA, que ahora tiene presupuesto para realizar labores de "inteligencia humana" en México, y encuadrándonos en el modelo de Colombia investiga posibles nexos del narco con la "guerrilla mexicana". O pudo ser iniciativa de Felipe Calderón para mostrar avances en una "guerra" fallida que hoy, merced a la nueva estrategia, pudiera convertirse en un combate sin cuartel. Los informes sobre el operativo (torpes, parciales, incongruentes) revelaron inconsistencias importantes: primero apuntaron a "una excelente labor de inteligencia de la Armada" (aunque por razones obvias se ocultó la participación de la DEA, que horas después se vanagloriaba en Washington de la "exitosa labor conjunta"). Es obvio que atribuyéndole la autoría a la Armada se justificaba su incursión en una ciudad sin litoral, aunque poco después esa patraña se haya ido por la borda cuando los medios revelaron que el "hallazgo" pudo ser consecuencia de un pitazo para cobrar la recompensa de 2 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos. Por lo que toca a la participación de la Armada, cada día más involucrada en esta guerra, y a la extraña ausencia del Ejército, se dijo que el Jefe de jefes vivía y operaba en Morelos protegido por la policía y miembros del Ejército. Así que no se podía arriesgar el éxito a posibles filtraciones (¿qué hará el gobierno si se corrompe la Marina: recurrir a los marines de las barras y las estrellas, como Álvaro Uribe en Colombia?). Hasta aquí es imposible no asociar los hechos, la abierta participación de la DEA y la feroz matanza de Beltrán Leyva y sus escoltas, con el modus operandi utilizado para capturar y matar a los hijos de Saddam Hussein, por quienes antes se había ofrecido una recompensa de 20 millones de dólares (es la pauta que sigue Estados Unidos). En ambos casos se evacuó completamente el área para tender un hermético cerco militar que permitiera desatar una inclemente lluvia de fuego. Las evidencias muestran que en ambos casos se buscó dejar a las víctimas sin posibilidad de escape. (Para el obispo Raúl Vera los marinos mexicanos fueron a ejecutar, no a aprehender: "fue una ejecución extrajudicial", declaró a La Jornada.) Los videos del departamento de Beltrán Leyva recordaron las imágenes dantescas del ataque a la casa de los hijos de Hussein. "Venían por él", concluyeron vecinos de Beltrán Leyva en Cuernavaca. Por eso fue muy revelador que el procurador general hubiera iniciado su conferencia adelantándose a los hechos: "la PGR no asesina presuntos culpables", declaró. Fue significativo, también, que a 15 días de la masacre la PGR continuara "explicando" la ausencia del Ejército y apaciguándolo: "es un ariete en la lucha contra el crimen organizado", dijo el procurador. Después, un poco obligado, añadió que el Ejército tuvo la importante misión de facilitar "seguridad perimetral" para detener "individuos armados que pudieran acudir a salvar a su jefe". (Lo que nos faltaba: ¡rencillas entre Ejército y Marina sobre el narco!). Las represalias no se hicieron esperar: el cártel ordenó de inmediato la muerte de la familia del maestre Melquisedet Angulo, festejado inoportunamente como héroe del momento. Después vendría el escarmiento en los medios: charcos de sangre por doquier, paredes derruidas y macabras fotos de Beltrán Leyva, desnudo y cubierto de billetes y símbolos religiosos ensangrentados: un acto de barbarie no suficientemente aclarado, que violó el protocolo procesal, y los más elementales principios de un Estado democrático. ¿A qué vino el aparatoso despliegue de fuerza, cuando el mismo día del operativo se registraron 64 muertos y decapitados en varias entidades, y las cifras de 2009 muestran un narcoejecutado cada 60 minutos? (Milenio 2/1/10). Calderón es un hombre obstinado, que se molesta cuando alguien insinúa que estamos en proceso de convertirnos en un Estado fallido. No obstante, él mismo reconoció en el congreso de Guatemala que la guerra contra el narco no es una obsesión: “se justifica porque el narco busca apropiarse de nuestra sociedad”. (Previamente, en junio de 2008, había reconocido en Madrid que el crimen organizado comenzaba "a oponer su propia fuerza a la fuerza del Estado, a oponer su propia ley a la ley del Estado, e incluso a recaudar contra la recaudación oficial".) Aunque todos reconocen el fracaso de una guerra sin objetivos claros, Calderón está condenado a continuarla (como George W. Bush en su momento en Irak), porque es el leitmotiv de su gobierno. Ante la caída de la economía, el desempleo y el fracaso de las reformas prometidas, la guerra contra el narco es un tema en el que nadie le pide cuentas, porque nadie tiene una clara definición de lo que constituyen ni la victoria ni el fracaso.
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