viernes, 5 de marzo de 2010
jueves, 18 de febrero de 2010
Una vez más: ¿VENADOS Ó BORREGOS?
El siguiente es un artículo que nos incumbe a todos como mexicanos, pero en especial a la comunidad universitaria de Morelos, la situación de la UAEM es sumamente preocupante ... pero lo es más la indiferencia que ha permitido que tal situación llegue hasta donde lo ha hecho.
Si eres Venado infórmate y alza la voz ... Si eres borrego, entonces no tendrás inconveniente en convertirte en "mulo" como dice el autor, qué tristeza.
Reenvía.
Fraternalmente
Iliana Hdez.
"Universidad de Morelos, precedente peligroso"
Por: Octavio Rodríguez Araujo
Publicado en: Diario La Jornada. Jueves 18 de febrero de 2010.
En el estado de Morelos se especula en los medios académicos si acaso se están afirmando las bases para un nuevo tipo de universidad pública, diferenciada de la privada. Se dice que la idea es que en la primera, generalizable en el futuro a todo el país, se formaría un tipo de profesional distinto al de la universidad privada y que los cuadros profesionales que requerirán los gobiernos y las empresas serían más bien los formados en los centros de educación superior privados que en los públicos.
El Comité de la Asamblea de Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se ha expresado en contra del Estatuto Universitario aprobado el 30 de junio de 2009 y vigente desde el primero de enero de 2010 (véase La Jornada Morelos, 13/2/10). Este estatuto transforma la estructura de la universidad pública morelense: elimina las facultades y las escuelas y las convierte en centros adscritos a los institutos de investigación en sus tres campus (y no campi, como equivocadamente dice el texto). Los campus e institutos estarán organizados –se dice expresamente– bajo la premisa académica interdisciplinar, transdisciplinar, desconcentrada y descentralizada (cualquier cosa que los dos primeros criterios mencionados signifiquen). Los centros serán unidades académicas conformadas por uno o varios campos problemáticos o de conocimiento y dependerán de los institutos (véase: www.uaem.mx/transparencia/compendio/Estatuto_Universitario.pdf).
Por el momento todavía existen las facultades y las escuelas profesionales donde se dan títulos de licenciatura, diplomas de especialidad y grados de maestría y doctorado. El nuevo Estatuto no dice en ningún artículo qué títulos y grados se otorgarán a sus egresados ni cómo se llamarán dichos centros. Los estudiantes del comité mencionado exigen que se restituya la denominación de facultades y escuelas y que los institutos sigan siendo lo que son: centros de investigación.
En la actualidad, la UAEM cuenta con un buen número de licenciaturas: en biología, farmacia, enfermería, medicina, sicología, física, química, bioquímica, biología molecular, matemáticas, diversas ingenierías, administración, contaduría, derecho, sociología, economía, historia, filosofía, antropología, artes, arquitectura y otras más relacionadas con las ciencias agropecuarias. Dichas licenciaturas se imparten en facultades y escuelas profesionales en sus tres campus. Las especialidades de posgrado se cursan en las Facultades de Psicología, Medicina, Arquitectura y Ciencias Sociales y Administrativas. Las maestrías y los doctorados, que los hay en educación y humanidades, en ciencias exactas e ingenierías, en ciencias de la salud, en ciencias sociales, en arquitectura, etcétera, también se cursan en las facultades de los tres campus.
Lo transdisciplinario quiere decir trascender las disciplinas existentes por "campos problemáticos o campos de conocimiento". Y en lugar de formar en los institutos grupos interdisciplinarios, quieren hacer profesionales en la interdisciplinaridad, algo así como entes sin definición propia, todólogos en una cierta área del saber para cumplir con las demandas de las empresas para sus cuadros medios en su modalidad (nada nueva, por cierto) de contratar trabajadores multiusos, dejando los espacios de dirección a los egresados de las universidades privadas que siguen formando especialistas y que no se han planteado modificaciones como la que analizamos. Lo que se está intentando es desaparecer facultades y escuelas de filosofía, de historia, de ciencias sociales, de letras, de arte y de todas aquellas que no sean consideradas útiles por el mercado (y sus intérpretes). Igual se hará para las ciencias básicas. ¿Para qué formar físicos, matemáticos, químicos o biólogos si es más barato e inmediato comprar resultados científicos y tecnologías en los países del primer mundo? (¿Síndrome de país maquilador?)
En el fondo, el modelo de educación que se está siguiendo es el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –en combinación con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial– para los países subdesarrollados. Es la OCDE la que sugirió, desde 2000, los campos problemáticos y los del conocimiento y adecuar a éstos la educación superior. Y estas sugerencias, que no son nuevas, están dirigidas a las necesidades de la innovación y la productividad determinadas, a la vez, por los grandes intereses empresariales y de los gobiernos subordinados a éstos, como el de Calderón y antes los de Zedillo y Fox.
Perdóneseme el ejemplo, pero lo que parece pretenderse con la interdisciplinaridad en licenciaturas y posgrados (que no debe confundirse con los grupos interdisciplinarios de investigación en los institutos) es equivalente a querer formar mulos en lugar de caballos o yeguas. Los mulos son, con rara excepción, infecundos, son híbridos resultado de animales definidos cuya calidad, por cierto, depende de muchos años de investigación y de técnicas elaboradas por especialistas en esta raza animal. ¿Qué pasará con las disciplinas existentes al subordinarse a centros interdisciplinarios y transdisciplinarios que, so pretexto de escasez de recursos, contratarán investigaciones útiles a las empresas y a los gobiernos que les sirven (campos problemáticos y de conocimiento definidos por ellos)?
Los estudiantes inconformes en Morelos tienen razón. Y si se impone el modelo panista-pragmático en la UAEM (cuyo Estatuto, con los cambios, ya es vigente, pero no irreversible), no es de dudarse que se extienda al resto de las universidades públicas del país. Ya se intentó en la UNAM en tiempos del rector Barnés y se impuso lamentablemente en posgrados, sobre todo de ciencias sociales. El ITAM, el ITESM y otras universidades privadas estarán muy contentos.
Bien lo han dicho los rectores De la Fuente y Narro, de la UNAM: si la educación es un bien público, no debe estar sujeta a las necesidades y las leyes del mercado.
miércoles, 17 de febrero de 2010
Sí, pedir perdón
Por: Denise Dresser
Publicado en:http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76554
“Las disculpas se dan por aquello que no logran alterar”
Benjamin Disraeli
MÉXICO, D.F., 15 de febrero.- Hace unos días, Fernando Gómez Mont ofreció una disculpa a nombre del presidente por la forma en el cual se expresó ante el asesinato reciente de 15 jóvenes en Ciudad Juárez. Aunque se aprecia el remordimiento que demostró, ojalá abarcara más temas y más errores de omisión. Ojalá que el arrepentimiento fuera compartido por muchas otras personas y por motivos más amplios. Ojalá que tantos responsables de lo que ocurre allí tuvieran el valor civil, el sentido de responsabilidad, la integridad necesaria para ofrecer disculpas a los mexicanos –y a los juarenses– por lo que no han logrado resolver, encarar, o entender de la “guerra” contra el narcotráfico. Ojalá supieran cómo pedir perdón por una larga lista de agravios.
-Por una guerra emprendida sin objetivos claros, recursos necesarios, apoyos indispensables y un sentido preciso de cómo y con qué instrumentos se iba a librar.
-Porque a pesar de la presencia del Ejército y la policía federal, han aumentado los asesinatos y los secuestros y las extorsiones y las ejecuciones.
-Porque apenas ahora se reconoce que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para llevar a cabo acciones policiacas y labores de inteligencia.
-Por la forma en la cual todos los partidos han politizado y electoralizado el problema, pateándolo de lado y de cancha en cancha.
-Porque Ciudad Juárez ha padecido pleitos entre narcotraficantes y ahora padece pleitos entre políticos.
-Por la falta de colaboración entre el gobierno federal y el gobierno estatal, dado que son de partidos distintos y les parece redituable la confrontación y la descalificación.
-Porque apenas hace unos días que Felipe Calderón llamó a revisar la estrategia y a incrementar la participación social en el combate a la inseguridad.
-Porque apenas ahora anuncia que “va a hablar con los juarenses” cuando debió haberles tendido la mano desde hace años e involucrarlos en una estrategia integral que no estuviera basada exclusivamente en más armas, más militares, más helicópteros, más sangre en el suelo.
-Porque como señala Eduardo Güereque, presidente del Observatorio Ciudadano a nivel local: “más de 16 mil militares, policías federales, estatales y municipales no pueden contener la escalada de violencia”.
-Porque una estrategia puramente delincuencial no ha logrado lidiar con un amplio fenómeno de descomposición social.
-Porque al no insistir en la remodelación del sistema de impartición de justicia para resolver el problema de la impunidad institucionalizada, se siguen combatiendo síntomas en lugar de atacar causas.
-Por los espectaculares colocados en toda la ciudad que dicen “Policía municipal lista”, “Subprocuraduría de Justicia: Metas Rebasadas!”, “El Ejército y la Policía Federal vienen a salvar a Ciudad Juárez”.
-Porque la presencia del Ejército –encargado de tareas que no le corresponden– ha estado acompañada de retenes, cateos, allanamientos, revisiones e interrogatorios que con frecuencia vulneran las garantías individuales.
-Porque el Operativo Chihuahua también ha implicado desapariciones forzadas y asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
-Por la impunidad prevaleciente desde la era de los “feminicidios” que transformó a Ciudad Juárez en la ciudad donde se podía matar sin recibir castigo por ello.
-Porque no es cierto que toda la violencia derive de una confrontación entre narcotraficantes. Los delitos de fuero común han aumentado también, junto con los delitos sexuales.
-Porque en una ciudad en la cual el 24% de los hogares son liderados por mujeres, no hay una política integral de apoyo hacia ellas que incluya guarderías, horarios extendidos en las escuelas, capacitación para el trabajo y pleno cumplimiento de los derechos laborales y sociales.
-Porque no se han instrumentado programas de salud ni de combate a las adicciones ni de ampliación educativa ni de becas ni de compras de armas a civiles ni de esparcimiento ni de recuperación de los espacios públicos.
-Por las 10 mil pequeñas y medianas empresas en Ciudad Juárez que han cerrado como resultado de la extorsión y las amenazas, y por los cerca de 100 mil juarenses que se han ido a vivir a El Paso.
-Porque el Director de Seguridad Pública Estatal acaba de renunciar, pero no por vergüenza ante los asesinatos, sino para buscar la presidencia municipal de Ciudad Juárez.
-Porque las autoridades siempre prometen “investigaciones profundas” que lleven al “esclarecimiento” de las muertes, pero eso nunca ocurre.
-Porque no se ha reconocido plenamente el reto de la corrupción política en el gobierno estatal, y cómo la infiltración de las instituciones hace imposible el combate a la criminalidad. La autoridad declara que va ganando la guerra contra los malosos cuando en realidad los protege.
-Porque cuando toda la atención del Procurador General de la República debería estar centrada en Ciudad Juárez, Arturo Chávez Chávez prefiere combatir los matrimonios entre homosexuales.
-Porque la actitud de miembros del gobierno demuestra un profundo desdén a los ciudadanos y un gran menosprecio hacia la situación crítica en la que se encuentran. Viviendo detrás de cercas electrificadas, rodeados de guaruras y séquitos que garantizan su seguridad personal, los políticos pueden pontificar sobre lo que ocurre en Chihuahua sin tener que padecerlo en carne propia.
-Porque Ciudad Juárez merece un esfuerzo nacional que abarque ideas nuevas, enfoques diferentes, planes conjuntos, estrategias coordinadas e involucramiento social.
-Por los muchachos Brenda, Rodrigo y Juan Carlos, recordados hace unos días en su escuela por sembrar flores y por su afición al deporte.
-Porque Ciudad Juárez se está muriendo de tristeza y eso bien merece una disculpa por parte de quienes han permitido que sea así.
Publicado en:http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/76554
“Las disculpas se dan por aquello que no logran alterar”
Benjamin Disraeli
MÉXICO, D.F., 15 de febrero.- Hace unos días, Fernando Gómez Mont ofreció una disculpa a nombre del presidente por la forma en el cual se expresó ante el asesinato reciente de 15 jóvenes en Ciudad Juárez. Aunque se aprecia el remordimiento que demostró, ojalá abarcara más temas y más errores de omisión. Ojalá que el arrepentimiento fuera compartido por muchas otras personas y por motivos más amplios. Ojalá que tantos responsables de lo que ocurre allí tuvieran el valor civil, el sentido de responsabilidad, la integridad necesaria para ofrecer disculpas a los mexicanos –y a los juarenses– por lo que no han logrado resolver, encarar, o entender de la “guerra” contra el narcotráfico. Ojalá supieran cómo pedir perdón por una larga lista de agravios.
-Por una guerra emprendida sin objetivos claros, recursos necesarios, apoyos indispensables y un sentido preciso de cómo y con qué instrumentos se iba a librar.
-Porque a pesar de la presencia del Ejército y la policía federal, han aumentado los asesinatos y los secuestros y las extorsiones y las ejecuciones.
-Porque apenas ahora se reconoce que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para llevar a cabo acciones policiacas y labores de inteligencia.
-Por la forma en la cual todos los partidos han politizado y electoralizado el problema, pateándolo de lado y de cancha en cancha.
-Porque Ciudad Juárez ha padecido pleitos entre narcotraficantes y ahora padece pleitos entre políticos.
-Por la falta de colaboración entre el gobierno federal y el gobierno estatal, dado que son de partidos distintos y les parece redituable la confrontación y la descalificación.
-Porque apenas hace unos días que Felipe Calderón llamó a revisar la estrategia y a incrementar la participación social en el combate a la inseguridad.
-Porque apenas ahora anuncia que “va a hablar con los juarenses” cuando debió haberles tendido la mano desde hace años e involucrarlos en una estrategia integral que no estuviera basada exclusivamente en más armas, más militares, más helicópteros, más sangre en el suelo.
-Porque como señala Eduardo Güereque, presidente del Observatorio Ciudadano a nivel local: “más de 16 mil militares, policías federales, estatales y municipales no pueden contener la escalada de violencia”.
-Porque una estrategia puramente delincuencial no ha logrado lidiar con un amplio fenómeno de descomposición social.
-Porque al no insistir en la remodelación del sistema de impartición de justicia para resolver el problema de la impunidad institucionalizada, se siguen combatiendo síntomas en lugar de atacar causas.
-Por los espectaculares colocados en toda la ciudad que dicen “Policía municipal lista”, “Subprocuraduría de Justicia: Metas Rebasadas!”, “El Ejército y la Policía Federal vienen a salvar a Ciudad Juárez”.
-Porque la presencia del Ejército –encargado de tareas que no le corresponden– ha estado acompañada de retenes, cateos, allanamientos, revisiones e interrogatorios que con frecuencia vulneran las garantías individuales.
-Porque el Operativo Chihuahua también ha implicado desapariciones forzadas y asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
-Por la impunidad prevaleciente desde la era de los “feminicidios” que transformó a Ciudad Juárez en la ciudad donde se podía matar sin recibir castigo por ello.
-Porque no es cierto que toda la violencia derive de una confrontación entre narcotraficantes. Los delitos de fuero común han aumentado también, junto con los delitos sexuales.
-Porque en una ciudad en la cual el 24% de los hogares son liderados por mujeres, no hay una política integral de apoyo hacia ellas que incluya guarderías, horarios extendidos en las escuelas, capacitación para el trabajo y pleno cumplimiento de los derechos laborales y sociales.
-Porque no se han instrumentado programas de salud ni de combate a las adicciones ni de ampliación educativa ni de becas ni de compras de armas a civiles ni de esparcimiento ni de recuperación de los espacios públicos.
-Por las 10 mil pequeñas y medianas empresas en Ciudad Juárez que han cerrado como resultado de la extorsión y las amenazas, y por los cerca de 100 mil juarenses que se han ido a vivir a El Paso.
-Porque el Director de Seguridad Pública Estatal acaba de renunciar, pero no por vergüenza ante los asesinatos, sino para buscar la presidencia municipal de Ciudad Juárez.
-Porque las autoridades siempre prometen “investigaciones profundas” que lleven al “esclarecimiento” de las muertes, pero eso nunca ocurre.
-Porque no se ha reconocido plenamente el reto de la corrupción política en el gobierno estatal, y cómo la infiltración de las instituciones hace imposible el combate a la criminalidad. La autoridad declara que va ganando la guerra contra los malosos cuando en realidad los protege.
-Porque cuando toda la atención del Procurador General de la República debería estar centrada en Ciudad Juárez, Arturo Chávez Chávez prefiere combatir los matrimonios entre homosexuales.
-Porque la actitud de miembros del gobierno demuestra un profundo desdén a los ciudadanos y un gran menosprecio hacia la situación crítica en la que se encuentran. Viviendo detrás de cercas electrificadas, rodeados de guaruras y séquitos que garantizan su seguridad personal, los políticos pueden pontificar sobre lo que ocurre en Chihuahua sin tener que padecerlo en carne propia.
-Porque Ciudad Juárez merece un esfuerzo nacional que abarque ideas nuevas, enfoques diferentes, planes conjuntos, estrategias coordinadas e involucramiento social.
-Por los muchachos Brenda, Rodrigo y Juan Carlos, recordados hace unos días en su escuela por sembrar flores y por su afición al deporte.
-Porque Ciudad Juárez se está muriendo de tristeza y eso bien merece una disculpa por parte de quienes han permitido que sea así.
viernes, 12 de febrero de 2010
¡BASTA YA!
La violencia institucionalizada
Por: Luis Javier Garrido
Publicado en: Diario La Jornada. Viernes 12 de febrero 2010.
Las políticas demenciales del gobierno calderonista en su supuesta guerra contra el narcotráfico se han revertido contra éste, y la indignación de la población juarense durante la visita hecha por Felipe Calderón y sus colaboradores da testimonio del clima que se tensa cada vez más en el país.
1. La crisis de Ciudad Juárez, generada por el homicidio de un grupo de estudiantes, perpetrado supuestamente por un grupo paramilitar el 31 de enero, y agudizada por las declaraciones injuriosas del Ejecutivo de facto calificando a las víctimas de integrantes de una banda, y más tarde por una serie de ofrecimientos propagandísticos que culminaron con los actos demagógicos del propio Felipe Calderón ayer en una Ciudad Juárez en estado de sitio, están desnudando cada vez más a la política de violencia institucionalizada del gobierno, que ya muy pocos dudan en calificar como una verdadera guerra contra el pueblo.
2. Los grupos ciudadanos de Juárez fueron contundentes tras los acontecimientos y recordaron desde el 2 de febrero, antes de exigir la renuncia de Calderón, que la violencia generalizada es consecuencia de las políticas del gobierno federal y de las acciones violentas del Ejército que han sido impuestas a esa entidad, y subrayaron que los grupos paramilitares o "escuadrones de la muerte" son preparados y protegidos por las fuerzas armadas, y en este escenario aparecen nítidamente las políticas de Washington.
3. El anuncio hecho el martes 9 por un alto funcionario de la administración del presidente Barack Obama enfatizando que la Iniciativa Mérida, que ha sido el instrumento de ayuda militar de Estados Unidos al gobierno panista, se mantendrá "más de lo previsto", constituye una señal muy clara de que la violencia y el amedrentamiento del pueblo, que han sido el eje central de la política de Felipe Calderón, van a proseguir en este año clave de 2010 y en lo que resta del sexenio, y eso es algo que al parecer están olvidando los chihuahuenses.
4. La estrategia de utilizar en México una política de violencia generalizada presentada como una supuesta “guerra contra el narco”, diseñada en el Departamento de Estado, ha buscado someter a los mexicanos a fin de encubrir las políticas de entrega de recursos a las corporaciones extranjeras y de cesión del control de las políticas estatales a Washington, y estas declaraciones no dejan lugar a dudas. El vocero de Obama subrayó en su anuncio que en esta nueva fase la Iniciativa Mérida entrañará una vertiente "social", que supone a) buscar una mayor cooperación de Washington con las "autoridades locales y municipales" de México y b) una mayor vinculación con "la ciudadanía".
5. La pregunta que muchos se hacen tras los últimos acontecimientos es por lo tanto muy clara: ¿dónde está el crimen organizado, en la calle o en Los Pinos? ¿No son acaso sus mafias las que manejan el país mientras gobierna el PAN-Yunque?
6. El gobierno de facto, que ha asumido que no tiene otra alternativa para sobrevivir que la de hundir al país en el escenario de la violencia y del amedrentamiento de la población, y buscar a partir de ahí imponer los cambios que le exige el capital multinacional, intentó en estos días, mediante una campaña de declaraciones, lograr que Washington le diera alguna libertad para utilizar discrecionalmente estos y otros recursos, pero muy pronto fue disuadido de hacerlo por diversos medios, el último de los cuales fue la serie de dibujos animados de South Park en que aparece Felipe Calderón despilfarrando un botín de dinero, y que éste vetó en MTV Latinoamérica como refirió La Jornada el 11 de febrero.
7. La demagogia oficial de la supuesta guerra al narco, según parece olvidarse, beneficia también de manera directa a las trasnacionales, lo que ha ocultado de manera sistemática el gobierno panista. El 70 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida, que supuestamente busca equipar a las autoridades mexicanas, se asignan desde Washington a corporaciones como Bell, Dyncorp, Cessna, Harris y Northrop Grumman, según un documento del Pentágono publicado por El Universal el 1º de febrero, que con este plan hacen enorme negocio y propician un más fácil control estratégico de las agencias estatales estadunidenses sobre México.
8. El recurso sistemático a la fuerza es un signo de debilidad política que no puede entenderse como un error sino como un crimen contra el pueblo, como en el caso actual. No extraña, por lo mismo, que un gobierno civil débil, aunque sea de facto, recurra a los militares para que respalden decisiones políticas suyas, que generalmente son facciosas, como en su desvarío lo está haciendo Calderón, trastocando todavía más las instituciones de la República. La intervención del general Guillermo Galván, titular de la Sedena, en asuntos políticos el pasado 9 de marzo, exigiendo apoyo a las contrarreformas de Calderón, refleja también, sin embargo, la ignorancia política del gobierno espurio. Esa fecha se conmemora lo acontecido el 9 de febrero de 1913, día en el que el Ejército federal traicionó al pueblo de México, y quebrantando el orden constitucional detuvo y asesinó al presidente Francisco I. Madero.
9. Los problemas de México con Estados Unidos siguen en tanto agravándose ante la incapacidad de un gobierno sin dignidad, que no tiene ya fuerza alguna para negociar con Washington. Luego del anuncio que hizo el presidente Barack Obama (olvidándose una vez más de sus promesas de campaña), indicando que había solicitado el 1º de febrero al Congreso 4 mil 600 millones de dólares para armar mejor a la Patrulla Fronteriza, completar el primer tramo del muro entre los dos países y reforzar las políticas para deportar e identificar a los indocumentados (el Programa E-Verify), no hubo reacción alguna de las dóciles autoridades mexicanas.
10. Las demandas expresadas ayer por algunos sectores de la sociedad civil de Chihuahua a Felipe Calderón de que se termine la violencia y se restablezca el estado de derecho en Ciudad Juárez y en el resto de la entidad, no son, por consiguiente, más que un absurdo. La ruptura de la legalidad constitucional y el establecimiento de un clima de violencia institucionalizada constituyen la piedra angular del proyecto panista-yunquista de gobierno, y así va a ser hasta finales del sexenio si el pueblo no responde de otra manera.
Por: Luis Javier Garrido
Publicado en: Diario La Jornada. Viernes 12 de febrero 2010.
Las políticas demenciales del gobierno calderonista en su supuesta guerra contra el narcotráfico se han revertido contra éste, y la indignación de la población juarense durante la visita hecha por Felipe Calderón y sus colaboradores da testimonio del clima que se tensa cada vez más en el país.
1. La crisis de Ciudad Juárez, generada por el homicidio de un grupo de estudiantes, perpetrado supuestamente por un grupo paramilitar el 31 de enero, y agudizada por las declaraciones injuriosas del Ejecutivo de facto calificando a las víctimas de integrantes de una banda, y más tarde por una serie de ofrecimientos propagandísticos que culminaron con los actos demagógicos del propio Felipe Calderón ayer en una Ciudad Juárez en estado de sitio, están desnudando cada vez más a la política de violencia institucionalizada del gobierno, que ya muy pocos dudan en calificar como una verdadera guerra contra el pueblo.
2. Los grupos ciudadanos de Juárez fueron contundentes tras los acontecimientos y recordaron desde el 2 de febrero, antes de exigir la renuncia de Calderón, que la violencia generalizada es consecuencia de las políticas del gobierno federal y de las acciones violentas del Ejército que han sido impuestas a esa entidad, y subrayaron que los grupos paramilitares o "escuadrones de la muerte" son preparados y protegidos por las fuerzas armadas, y en este escenario aparecen nítidamente las políticas de Washington.
3. El anuncio hecho el martes 9 por un alto funcionario de la administración del presidente Barack Obama enfatizando que la Iniciativa Mérida, que ha sido el instrumento de ayuda militar de Estados Unidos al gobierno panista, se mantendrá "más de lo previsto", constituye una señal muy clara de que la violencia y el amedrentamiento del pueblo, que han sido el eje central de la política de Felipe Calderón, van a proseguir en este año clave de 2010 y en lo que resta del sexenio, y eso es algo que al parecer están olvidando los chihuahuenses.
4. La estrategia de utilizar en México una política de violencia generalizada presentada como una supuesta “guerra contra el narco”, diseñada en el Departamento de Estado, ha buscado someter a los mexicanos a fin de encubrir las políticas de entrega de recursos a las corporaciones extranjeras y de cesión del control de las políticas estatales a Washington, y estas declaraciones no dejan lugar a dudas. El vocero de Obama subrayó en su anuncio que en esta nueva fase la Iniciativa Mérida entrañará una vertiente "social", que supone a) buscar una mayor cooperación de Washington con las "autoridades locales y municipales" de México y b) una mayor vinculación con "la ciudadanía".
5. La pregunta que muchos se hacen tras los últimos acontecimientos es por lo tanto muy clara: ¿dónde está el crimen organizado, en la calle o en Los Pinos? ¿No son acaso sus mafias las que manejan el país mientras gobierna el PAN-Yunque?
6. El gobierno de facto, que ha asumido que no tiene otra alternativa para sobrevivir que la de hundir al país en el escenario de la violencia y del amedrentamiento de la población, y buscar a partir de ahí imponer los cambios que le exige el capital multinacional, intentó en estos días, mediante una campaña de declaraciones, lograr que Washington le diera alguna libertad para utilizar discrecionalmente estos y otros recursos, pero muy pronto fue disuadido de hacerlo por diversos medios, el último de los cuales fue la serie de dibujos animados de South Park en que aparece Felipe Calderón despilfarrando un botín de dinero, y que éste vetó en MTV Latinoamérica como refirió La Jornada el 11 de febrero.
7. La demagogia oficial de la supuesta guerra al narco, según parece olvidarse, beneficia también de manera directa a las trasnacionales, lo que ha ocultado de manera sistemática el gobierno panista. El 70 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida, que supuestamente busca equipar a las autoridades mexicanas, se asignan desde Washington a corporaciones como Bell, Dyncorp, Cessna, Harris y Northrop Grumman, según un documento del Pentágono publicado por El Universal el 1º de febrero, que con este plan hacen enorme negocio y propician un más fácil control estratégico de las agencias estatales estadunidenses sobre México.
8. El recurso sistemático a la fuerza es un signo de debilidad política que no puede entenderse como un error sino como un crimen contra el pueblo, como en el caso actual. No extraña, por lo mismo, que un gobierno civil débil, aunque sea de facto, recurra a los militares para que respalden decisiones políticas suyas, que generalmente son facciosas, como en su desvarío lo está haciendo Calderón, trastocando todavía más las instituciones de la República. La intervención del general Guillermo Galván, titular de la Sedena, en asuntos políticos el pasado 9 de marzo, exigiendo apoyo a las contrarreformas de Calderón, refleja también, sin embargo, la ignorancia política del gobierno espurio. Esa fecha se conmemora lo acontecido el 9 de febrero de 1913, día en el que el Ejército federal traicionó al pueblo de México, y quebrantando el orden constitucional detuvo y asesinó al presidente Francisco I. Madero.
9. Los problemas de México con Estados Unidos siguen en tanto agravándose ante la incapacidad de un gobierno sin dignidad, que no tiene ya fuerza alguna para negociar con Washington. Luego del anuncio que hizo el presidente Barack Obama (olvidándose una vez más de sus promesas de campaña), indicando que había solicitado el 1º de febrero al Congreso 4 mil 600 millones de dólares para armar mejor a la Patrulla Fronteriza, completar el primer tramo del muro entre los dos países y reforzar las políticas para deportar e identificar a los indocumentados (el Programa E-Verify), no hubo reacción alguna de las dóciles autoridades mexicanas.
10. Las demandas expresadas ayer por algunos sectores de la sociedad civil de Chihuahua a Felipe Calderón de que se termine la violencia y se restablezca el estado de derecho en Ciudad Juárez y en el resto de la entidad, no son, por consiguiente, más que un absurdo. La ruptura de la legalidad constitucional y el establecimiento de un clima de violencia institucionalizada constituyen la piedra angular del proyecto panista-yunquista de gobierno, y así va a ser hasta finales del sexenio si el pueblo no responde de otra manera.
lunes, 8 de febrero de 2010
Robaron miles de millones de pesos al ejecutar la extinción de LFC, denuncia Martín Esparza
Por:Patricia Muñoz Ríos
Publicado en: Periódico La Jornada
Lunes 8 de febrero de 2010, p. 12
Fueron saqueadas las tesorerías de todos los centros de cobranza y administración de Luz y Fuerza del Centro (LFC) al ejecutar su extinción y "se llevaron cheques, efectivo, cajas chicas y valores. Fue un robo de miles de millones de pesos", denunció el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, luego de informar que este fin de semana se levantó el plantón del Zócalo y hoy se instalan tres campamentos en Tlalpan, Ecatepec e Iztapalapa.
Esparza explicó que dichos campamentos tienen la finalidad de atender en estas zonas a los afectados por las fallas y caídas del servicio de energía eléctrica. Incluso van a salir brigadistas a hacer reparaciones y esta tarea la van a realizar con sus propios recursos y “a pesar de que la Secretaría de Gobernación dijo que no a la propuesta que hizo el SME para enviar a los trabajadores despedidos a hacer dichas reparaciones.
"No aceptaron el ofrecimiento del sindicato para reparar las fallas ni plantearon alternativas de solución; prefirieron que la población sufra las consecuencias de la falta del servicio, que se inundaran las zonas por la falta de bombeo. Pero vamos a revisar las zonas sin luz, se va a hacer un censo de los los postes tirados, las redes que están colapsadas, completamente fuera de servicio, vamos a hacer lo podamos, queremos ayudar, si se trata de revisiones, acometidas en casas habitación, lo que podemos hacer", dijo.
La intención es que los trabajadores salgan en grupos de 10 a hacer estas reparaciones, dijo, y cuestionado respecto de si no se tendrán problemas legales los electricistas que participen de estas tareas, respondió que la electricidad es un servicio de primera necesidad y que no los pueden acusar de nada por hacer este trabajo. Tampoco de sabotaje, “porque vamos a hacer un servicio público que ellos no pueden hacer y está demostrada su ineficiencia.
"Lo que vamos a hacer no es un delito; delito es dejar a la gente sin luz, porque se está afectando la economía de al menos medio millón de familias que no tienen en este momento el servicio y de los miles de comercios, que incluso están quebrando", añadió.
Entrevistado al término de la clausura de la reunión preparatoria del congreso social que se llevó a cabo en el SME, indicó que hay una serie de irregularidades que el gobierno no ha explicado, porque por un lado fundamentó falsamente la extinción de LFC en las supuestas transferencias que se hacían a la paraestatal, y por el otro, ha permitido "el saqueo vil y descarado de las instalaciones, el robo de millones de pesos que había en las tesorerías al momento de la aplicación del decreto. Dinero del cual no se sabe nada e incluso se señala que se sanearon las finanzas de la empresa cuando había mil 600 millones de pesos de subejercicio del gasto. Nada cuadra".
También informó que la CFE ya tiene listos los nuevos medidores que se han empezado a instalar, los cuales, traen el sistema de prepago del servicio, es decir, los usuarios tendrán primero que pagar lo que esperan consumir durante el mes o el bimestre a través de un esquema de tarjetas o prepagos, y cuando su saldo se acabe tendrán que volver a "cargar" el servicio, el cual, además, ya no tendrá subsidio.
Por último, se refirió al plantón que tenía instalado el SME en el Zócalo y dijo que ya se levantó y que todos los trabajadores se van a mover para concentrarse en los campamentos de Ecatepec, Iztapalapa y Tlalpan.
Publicado en: Periódico La Jornada
Lunes 8 de febrero de 2010, p. 12
Fueron saqueadas las tesorerías de todos los centros de cobranza y administración de Luz y Fuerza del Centro (LFC) al ejecutar su extinción y "se llevaron cheques, efectivo, cajas chicas y valores. Fue un robo de miles de millones de pesos", denunció el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, luego de informar que este fin de semana se levantó el plantón del Zócalo y hoy se instalan tres campamentos en Tlalpan, Ecatepec e Iztapalapa.
Esparza explicó que dichos campamentos tienen la finalidad de atender en estas zonas a los afectados por las fallas y caídas del servicio de energía eléctrica. Incluso van a salir brigadistas a hacer reparaciones y esta tarea la van a realizar con sus propios recursos y “a pesar de que la Secretaría de Gobernación dijo que no a la propuesta que hizo el SME para enviar a los trabajadores despedidos a hacer dichas reparaciones.
"No aceptaron el ofrecimiento del sindicato para reparar las fallas ni plantearon alternativas de solución; prefirieron que la población sufra las consecuencias de la falta del servicio, que se inundaran las zonas por la falta de bombeo. Pero vamos a revisar las zonas sin luz, se va a hacer un censo de los los postes tirados, las redes que están colapsadas, completamente fuera de servicio, vamos a hacer lo podamos, queremos ayudar, si se trata de revisiones, acometidas en casas habitación, lo que podemos hacer", dijo.
La intención es que los trabajadores salgan en grupos de 10 a hacer estas reparaciones, dijo, y cuestionado respecto de si no se tendrán problemas legales los electricistas que participen de estas tareas, respondió que la electricidad es un servicio de primera necesidad y que no los pueden acusar de nada por hacer este trabajo. Tampoco de sabotaje, “porque vamos a hacer un servicio público que ellos no pueden hacer y está demostrada su ineficiencia.
"Lo que vamos a hacer no es un delito; delito es dejar a la gente sin luz, porque se está afectando la economía de al menos medio millón de familias que no tienen en este momento el servicio y de los miles de comercios, que incluso están quebrando", añadió.
Entrevistado al término de la clausura de la reunión preparatoria del congreso social que se llevó a cabo en el SME, indicó que hay una serie de irregularidades que el gobierno no ha explicado, porque por un lado fundamentó falsamente la extinción de LFC en las supuestas transferencias que se hacían a la paraestatal, y por el otro, ha permitido "el saqueo vil y descarado de las instalaciones, el robo de millones de pesos que había en las tesorerías al momento de la aplicación del decreto. Dinero del cual no se sabe nada e incluso se señala que se sanearon las finanzas de la empresa cuando había mil 600 millones de pesos de subejercicio del gasto. Nada cuadra".
También informó que la CFE ya tiene listos los nuevos medidores que se han empezado a instalar, los cuales, traen el sistema de prepago del servicio, es decir, los usuarios tendrán primero que pagar lo que esperan consumir durante el mes o el bimestre a través de un esquema de tarjetas o prepagos, y cuando su saldo se acabe tendrán que volver a "cargar" el servicio, el cual, además, ya no tendrá subsidio.
Por último, se refirió al plantón que tenía instalado el SME en el Zócalo y dijo que ya se levantó y que todos los trabajadores se van a mover para concentrarse en los campamentos de Ecatepec, Iztapalapa y Tlalpan.
viernes, 5 de febrero de 2010
SME BOLETÍN DE PRENSA URGENTE. RELATIVO A LAS RECIENTES INUNDACIONES.
¡¡¡ALERTA!!! El SME ha denunciado grupos de saboteadores con credenciales de LyFC que ha formado el gobierno, los cuales atacarán subestaciones con el objetivo de afectar a usuarios de la luz y echarle la culpa al SME, no se dejen engañar! ¡¡APOYO TOTAL AL SME!!
viernes 5 de febrero de 2010
SME BOLETÍN DE PRENSA URGENTE. RELATIVO A LAS RECIENTES INUNDACIONES.
BOLETÍN DE PRENSA URGENTE
Una vez más las fuerzas naturales y la impericia técnico-operativa de las empresas contratadas por Comisión Federal de Electricidad, mejor conocida en el mundo como la “empresa de calidad mundial” han hecho de las suyas.
Al día de hoy, ya se encuentran más de 94 colonias sin energía eléctrica y más 20 mil ciudadanos damnificados por el desbordamiento de varios ríos que atraviesan la zona de atención de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), según reportes conservadores de diversos medios de comunicación. Sin que hasta el momento las autoridades de la CFE, tengan a bien darles la cara y una explicación convincente a los usuarios del servicio público de energía eléctrica en el Área de Control Central (ACC).
Cuando la CFE lo haga, no faltarán quienes responsabilicen al dios Tlaloc de tales acontecimientos, y hasta quienes exijan, el correspondiente decreto para la extinción de ese dios precolombino.
Pero la realidad, es que estamos asistiendo al espectáculo deprimente de la total incapacidad de los funcionarios federales que pisotearon la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al decretar la extinción de LyFC y el despido de sus 44 mil novecientos trabajadores. Al mismo tiempo, se revela la completa incapacidad de las empresas contratadas por CFE para enfrentar desafíos para los que no están, ni estarán preparados.
Estas afectaciones tienen su origen, no sólo en la cantidad inusual de lluvia caída en los últimos días, sino además que, derivado de la falta del fluido eléctrico ha sido imposible abastecer de energía para poder operar las compuertas del sistema de drenaje profundo, para así, permitir el desalojo de importantes cantidades del vital líquido de diversos ríos del Distrito Federal y del Estado de México. La suma de incapacidades e ineficiencias de
funcionarios como Javier Lozano Alarcón y Alfredo Elías Ayub, han provocado el caos citadino y el justificado malestar generalizado, de la población capitalina y mexiquense.
En esta difícil hora para nuestros usuarios, el Sindicato Mexicano de Electricistas reitera su más completa solidaridad para con estos mexicanos víctimas de la negligencia de aquellos funcionarios, a los cuales les estarán llegando iracundos recordatorios familiares, de parte de los cientos de miles de ciudadanos afectados.
Al mismo tiempo, manifestamos nuestra completa disposición para entrar de inmediato a enfrentar y resolver los entuertos de funcionarios y empresas inútiles. Diversas voces ciudadanas han reclamado desde diferentes ópticas, la urgente necesidad de resolver no sólo el asunto legal sino además la cuestión técnico-operativa para garantizar el servicio público de energía eléctrica por parte de Luz y Fuerza del Centro y con los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Urge escuchar esas voces antes de que sea demasiado tarde, la paciencia popular se agota rápidamente.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 4 de febrero de 2010
Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior
viernes 5 de febrero de 2010
SME BOLETÍN DE PRENSA URGENTE. RELATIVO A LAS RECIENTES INUNDACIONES.
BOLETÍN DE PRENSA URGENTE
Una vez más las fuerzas naturales y la impericia técnico-operativa de las empresas contratadas por Comisión Federal de Electricidad, mejor conocida en el mundo como la “empresa de calidad mundial” han hecho de las suyas.
Al día de hoy, ya se encuentran más de 94 colonias sin energía eléctrica y más 20 mil ciudadanos damnificados por el desbordamiento de varios ríos que atraviesan la zona de atención de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), según reportes conservadores de diversos medios de comunicación. Sin que hasta el momento las autoridades de la CFE, tengan a bien darles la cara y una explicación convincente a los usuarios del servicio público de energía eléctrica en el Área de Control Central (ACC).
Cuando la CFE lo haga, no faltarán quienes responsabilicen al dios Tlaloc de tales acontecimientos, y hasta quienes exijan, el correspondiente decreto para la extinción de ese dios precolombino.
Pero la realidad, es que estamos asistiendo al espectáculo deprimente de la total incapacidad de los funcionarios federales que pisotearon la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al decretar la extinción de LyFC y el despido de sus 44 mil novecientos trabajadores. Al mismo tiempo, se revela la completa incapacidad de las empresas contratadas por CFE para enfrentar desafíos para los que no están, ni estarán preparados.
Estas afectaciones tienen su origen, no sólo en la cantidad inusual de lluvia caída en los últimos días, sino además que, derivado de la falta del fluido eléctrico ha sido imposible abastecer de energía para poder operar las compuertas del sistema de drenaje profundo, para así, permitir el desalojo de importantes cantidades del vital líquido de diversos ríos del Distrito Federal y del Estado de México. La suma de incapacidades e ineficiencias de
funcionarios como Javier Lozano Alarcón y Alfredo Elías Ayub, han provocado el caos citadino y el justificado malestar generalizado, de la población capitalina y mexiquense.
En esta difícil hora para nuestros usuarios, el Sindicato Mexicano de Electricistas reitera su más completa solidaridad para con estos mexicanos víctimas de la negligencia de aquellos funcionarios, a los cuales les estarán llegando iracundos recordatorios familiares, de parte de los cientos de miles de ciudadanos afectados.
Al mismo tiempo, manifestamos nuestra completa disposición para entrar de inmediato a enfrentar y resolver los entuertos de funcionarios y empresas inútiles. Diversas voces ciudadanas han reclamado desde diferentes ópticas, la urgente necesidad de resolver no sólo el asunto legal sino además la cuestión técnico-operativa para garantizar el servicio público de energía eléctrica por parte de Luz y Fuerza del Centro y con los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Urge escuchar esas voces antes de que sea demasiado tarde, la paciencia popular se agota rápidamente.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 4 de febrero de 2010
Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior
sábado, 16 de enero de 2010
Reforma laboral para cancelar la libertad sindical
Por: Arturo Alcalde Justinian
Publicado en:http://www.jornada.unam.mx/2010/01/16/
El gobierno federal anunció que en febrero próximo se presentará la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. No se ve fácil este intento; sin embargo, de concretarse podría ponerse en práctica la táctica llevada a cabo para modificar las leyes del Seguro Social y del ISSSTE: en unos cuantos días se impusieron los cambios sin dar oportunidad a su discusión en el seno del Congreso y menos aún en la sociedad. De ahí la importancia de conocer y reflexionar sobre los puntos centrales del anteproyecto dado a conocer por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Son muchos los aspectos lesivos en esta propuesta; sin embargo, uno de ellos tiene especial relevancia, ya que de ser aprobado cerraría toda posibilidad al ejercicio de la libertad sindical y la contratación colectiva, de por sí raquíticas en nuestra práctica laboral. Para dimensionar los cambios sugeridos, conviene recordar que una costumbre en nuestro país –por cierto única en el mundo– es que los patrones escogen a los sindicatos con los cuales deciden firmar el contrato colectivo de trabajo inicial. Antes de instalar una empresa –así como se decide el lugar o las características del negocio– consultan con sus abogados cuál deberá ser la central sindical u organización que representará a sus futuros trabajadores. El abogado patronal se convierte así en el proveedor de los contratos colectivos a los que líderes sindicales se someten sin chistar, buscando ser elegidos para la firma de los mismos. En este grotesco proceso plagado de complicidades y de corrupción se origina en buena parte el grado de postración en que se encuentra el mundo sindical mexicano. Así nacen los denominados contratos colectivos de protección patronal que operan en más de 90 por ciento de los centros laborales del país.
Este retorcido proceso tiene dos rendijas o espacios donde se cuelan algunos sindicatos auténticos en condiciones de extrema dificultad. La primera es encontrar un patrón que aún no tenga contrato colectivo firmado y tratar de obtenerlo mediante un emplazamiento de huelga, y la otra consiste en organizarse e intentar cambiar al sindicato impuesto por conducto del llamado juicio de titularidad contractual. En buena medida, los pocos sindicatos auténticos que existen en el país lograron su reconocimiento por cualquiera de esas dos vías de excepción, por ello el sector empresarial se ha dado a la tarea de presionar para cerrarlas, exigiendo que en el proyecto de reforma laboral se cancele el acceso a los emplazamientos de huelga que busquen la firma del pacto colectivo o los intentos de cambios de titularidad. Para esto inventaron los llamados "requisitos de procedibilidad" prácticamente imposibles de cumplir y que, conforme al proyecto de reforma, de no atenderlos ni siquiera se dará trámite a las reclamaciones obreras.
La iniciativa elaborada por la STPS sugiere adicionar la fracción IV al artículo 920 de la ley laboral y crear un apartado en el artículo 899. La primera se refiere a los requisitos que deberán cumplirse para tramitar un emplazamiento de huelga que busque la firma de un contrato colectivo. El segundo también fija nuevos requisitos sin los cuales no se daría curso al cambio de titularidad contractual. Para admitir a trámite las demandas deberán acreditarse previamente los nombres y las firmas de los trabajadores inconformes y sustanciar un procedimiento administrativo ante la autoridad laboral, tendiente a obtener una certificación escrita. Al estar integradas las Juntas de Conciliación y Arbitraje por los representantes del patrón, del líder sindical hegemónico y del gobierno, cumplir con tales exigencias significarían pedirle permiso a los futuros demandados para que sea reconocido el derecho de los trabajadores de elegir al sindicato de su preferencia. Tal absurdo no encuentra antecedente en la doctrina laboral, ni en ningún otro país, por la simple razón de que jamás se dará esa autorización, además de que dar a conocer previamente nombres y firmas de los trabajadores inconformes provocaría, como sucede ya en la práctica, su represión inmediata. Se trata sin duda de una propuesta de reforma contraria a la Constitución y a los convenios internacionales en materia de libertad sindical y de respeto a los derechos humanos.
La propuesta incluye un supuesto adicional para el improbable caso que un sindicato superara los obstáculos descritos. El artículo de nueva creación 899-C señala que, en caso de existir juicio pendiente de titularidad contractual, ningún sindicato podrá actuar hasta que haya transcurrido un año. De ser aprobado este absurdo artículo, los patrones y los líderes a su servicio, al enterarse que los trabajadores se están organizando en su defensa para cambiar de sindicato, podrán fácilmente inventar un juicio haciéndolo durar lo necesario para inhibir las intenciones obreras, y una vez que éste termine, los trabajadores deberán esperar un año más.
El sector empresarial alega que su propuesta está dirigida a evitar los chantajes de sindicatos que emplazan a huelga o reclaman titularidades de contratos sin tener afiliados, exigiendo cantidades de dinero a cambio de de-sistir de sus demandas. Sin duda, hay que impedir estas extorsiones, pero no por la vía de cancelar a todos el ejercicio de los derechos laborales colectivos. Una solución viable es que antes de la firma de cualquier contrato colectivo los trabajadores sean consultados mediante voto secreto si están conformes con el sindicato que pretende representarlos. A esta opción se opone el sector empresarial porque reclama conservar la práctica de ser él quien decida con qué sindicato firmar el contrato colectivo, sin que en estos casos exista consulta alguna a los empleados.
En virtud de que las formas de representación gremial son esenciales en la vida democrática del país, es fundamental incluirlas en la agenda de la reforma del Estado, que será motivo de discusión en el Congreso de la Unión el próximo mes.
Publicado en:http://www.jornada.unam.mx/2010/01/16/
El gobierno federal anunció que en febrero próximo se presentará la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. No se ve fácil este intento; sin embargo, de concretarse podría ponerse en práctica la táctica llevada a cabo para modificar las leyes del Seguro Social y del ISSSTE: en unos cuantos días se impusieron los cambios sin dar oportunidad a su discusión en el seno del Congreso y menos aún en la sociedad. De ahí la importancia de conocer y reflexionar sobre los puntos centrales del anteproyecto dado a conocer por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Son muchos los aspectos lesivos en esta propuesta; sin embargo, uno de ellos tiene especial relevancia, ya que de ser aprobado cerraría toda posibilidad al ejercicio de la libertad sindical y la contratación colectiva, de por sí raquíticas en nuestra práctica laboral. Para dimensionar los cambios sugeridos, conviene recordar que una costumbre en nuestro país –por cierto única en el mundo– es que los patrones escogen a los sindicatos con los cuales deciden firmar el contrato colectivo de trabajo inicial. Antes de instalar una empresa –así como se decide el lugar o las características del negocio– consultan con sus abogados cuál deberá ser la central sindical u organización que representará a sus futuros trabajadores. El abogado patronal se convierte así en el proveedor de los contratos colectivos a los que líderes sindicales se someten sin chistar, buscando ser elegidos para la firma de los mismos. En este grotesco proceso plagado de complicidades y de corrupción se origina en buena parte el grado de postración en que se encuentra el mundo sindical mexicano. Así nacen los denominados contratos colectivos de protección patronal que operan en más de 90 por ciento de los centros laborales del país.
Este retorcido proceso tiene dos rendijas o espacios donde se cuelan algunos sindicatos auténticos en condiciones de extrema dificultad. La primera es encontrar un patrón que aún no tenga contrato colectivo firmado y tratar de obtenerlo mediante un emplazamiento de huelga, y la otra consiste en organizarse e intentar cambiar al sindicato impuesto por conducto del llamado juicio de titularidad contractual. En buena medida, los pocos sindicatos auténticos que existen en el país lograron su reconocimiento por cualquiera de esas dos vías de excepción, por ello el sector empresarial se ha dado a la tarea de presionar para cerrarlas, exigiendo que en el proyecto de reforma laboral se cancele el acceso a los emplazamientos de huelga que busquen la firma del pacto colectivo o los intentos de cambios de titularidad. Para esto inventaron los llamados "requisitos de procedibilidad" prácticamente imposibles de cumplir y que, conforme al proyecto de reforma, de no atenderlos ni siquiera se dará trámite a las reclamaciones obreras.
La iniciativa elaborada por la STPS sugiere adicionar la fracción IV al artículo 920 de la ley laboral y crear un apartado en el artículo 899. La primera se refiere a los requisitos que deberán cumplirse para tramitar un emplazamiento de huelga que busque la firma de un contrato colectivo. El segundo también fija nuevos requisitos sin los cuales no se daría curso al cambio de titularidad contractual. Para admitir a trámite las demandas deberán acreditarse previamente los nombres y las firmas de los trabajadores inconformes y sustanciar un procedimiento administrativo ante la autoridad laboral, tendiente a obtener una certificación escrita. Al estar integradas las Juntas de Conciliación y Arbitraje por los representantes del patrón, del líder sindical hegemónico y del gobierno, cumplir con tales exigencias significarían pedirle permiso a los futuros demandados para que sea reconocido el derecho de los trabajadores de elegir al sindicato de su preferencia. Tal absurdo no encuentra antecedente en la doctrina laboral, ni en ningún otro país, por la simple razón de que jamás se dará esa autorización, además de que dar a conocer previamente nombres y firmas de los trabajadores inconformes provocaría, como sucede ya en la práctica, su represión inmediata. Se trata sin duda de una propuesta de reforma contraria a la Constitución y a los convenios internacionales en materia de libertad sindical y de respeto a los derechos humanos.
La propuesta incluye un supuesto adicional para el improbable caso que un sindicato superara los obstáculos descritos. El artículo de nueva creación 899-C señala que, en caso de existir juicio pendiente de titularidad contractual, ningún sindicato podrá actuar hasta que haya transcurrido un año. De ser aprobado este absurdo artículo, los patrones y los líderes a su servicio, al enterarse que los trabajadores se están organizando en su defensa para cambiar de sindicato, podrán fácilmente inventar un juicio haciéndolo durar lo necesario para inhibir las intenciones obreras, y una vez que éste termine, los trabajadores deberán esperar un año más.
El sector empresarial alega que su propuesta está dirigida a evitar los chantajes de sindicatos que emplazan a huelga o reclaman titularidades de contratos sin tener afiliados, exigiendo cantidades de dinero a cambio de de-sistir de sus demandas. Sin duda, hay que impedir estas extorsiones, pero no por la vía de cancelar a todos el ejercicio de los derechos laborales colectivos. Una solución viable es que antes de la firma de cualquier contrato colectivo los trabajadores sean consultados mediante voto secreto si están conformes con el sindicato que pretende representarlos. A esta opción se opone el sector empresarial porque reclama conservar la práctica de ser él quien decida con qué sindicato firmar el contrato colectivo, sin que en estos casos exista consulta alguna a los empleados.
En virtud de que las formas de representación gremial son esenciales en la vida democrática del país, es fundamental incluirlas en la agenda de la reforma del Estado, que será motivo de discusión en el Congreso de la Unión el próximo mes.
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